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La Junta establece nuevo modelo para prevención y extinción de incendios forestales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un nuevo decreto ley que transforma de forma integral el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales de la Castilla y León.

 

La norma establece un nuevo modelo basado en la profesionalización, la estabilidad laboral y el reconocimiento institucional del colectivo, y marca un punto de inflexión en la consolidación de un operativo plenamente público, permanente y eficaz, según ha subrayado el Gobierno regional en un comunicado.

Uno de los ejes estratégicos del decreto es la implantación de un operativo activo durante todo el año, superando el modelo estacional centrado en las campañas de verano.

Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará, antes de que termine 2025, las Relaciones de Puestos de Trabajo tanto de funcionarios como de personal laboral, cuyo incremento de coste ya se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad aprobado por la Junta.

Como resultado de esta modificación, los empleados públicos del dispositivo no solo actuarán en tareas de extinción, sino también en prevención activa, mantenimiento de infraestructuras contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos, y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.

Además, esta disponibilidad permanente permitirá que la labor de estos profesionales se extienda a situaciones de emergencia de protección civil.

Esta nueva naturaleza del dispositivo permite anticiparse a las emergencias y poner al servicio de la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo.

Para garantizar esa operatividad anual, el decreto ley contempla la transformación de los actuales contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa y con continuidad a lo largo de todo el año. Esta medida supondrá una mejora sustancial en la estabilidad del empleo público, la planificación de campañas y la profesionalización del sistema.

Entre otras novedades destacadas, la norma incluye la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, en aplicación de la Ley de 2024 Básica de Agentes Forestales y Medioambientales.

Este cambio permitirá la integración voluntaria de los actuales funcionarios del Subgrupo C1 en un cuerpo de mayor responsabilidad técnica, con mejores condiciones laborales, carrera profesional y retribuciones acordes a su función.

Asimismo, se impulsa la funcionarización del personal laboral de la categoría de Celador de Medio Ambiente, facilitando su acceso mediante promoción interna a puestos de agente medioambiental, lo que refuerza el carácter público y estructural del dispositivo.

Bombero forestal

Otro de los pilares del decreto ley es el reconocimiento oficial de la figura del Bombero Forestal, conforme a la Ley de 2024 Básica de Bomberos Forestales.

Esta calificación se aplicará tanto a funcionarios como a personal laboral que desempeñan funciones directamente vinculadas a la extinción, vigilancia, detección y recuperación del medio natural.

Su reconocimiento se realizará en la inmediata modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que se va a acometer, e implica no solo mejoras jurídicas y profesionales, sino también la creación de un complemento específico vinculado a la especialización y al riesgo, así como la aplicación de coeficientes reductores que permitirán el acceso a la jubilación anticipada.

Por último, la nueva norma prevé que, entre 2026 y 2028, todo el dispositivo pase a tener carácter público, pasando desde el sector privado salvo en servicios de alta especialización como los medios aéreos o la maquinaria pesada. El coste correspondiente a esta transición para 2026 ya está también recogido en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año que viene.

Este cambio irá acompañado de un ambicioso plan de formación continua y especializada, coordinado por la Escuela de Administración Pública en colaboración con el Centro para la Defensa contra el Fuego de León.

Con todas estas medidas, que beneficiarán de forma directa a casi 2.200 empleados públicos de la Junta, se da un paso firme hacia un modelo más moderno, eficaz y justo.

Medidas urgentes

La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy también el Decreto Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales, una norma que responde a la necesidad de reforzar la seguridad de la población y la protección del patrimonio natural ante la creciente virulencia de los incendios registrados en los últimos años que han alcanzado una intensidad crítica en el mes de agosto pasado.

El Decreto Ley articula un marco integral de actuación en tres ámbitos esenciales de la lucha contra los incendios —prevención, extinción y restauración— e introduce modificaciones en diversas leyes autonómicas y normas reglamentarias para dotar de mayor eficacia a las actuaciones públicas y privadas en esta materia.

En este sentido la norma introduce importantes modificaciones en las leyes de Montes, Patrimonio Natural, Urbanismo y Carreteras de Castilla y León, así como en diversos decretos reglamentarios, con el fin de agilizar los procedimientos administrativos, reforzar la acción preventiva, mejorar la coordinación institucional y adaptar el marco legal a las necesidades actuales del territorio.

El Decreto comienza con la declaración de interés general de toda actuación en el territorio para garantizar la seguridad de la población ante incendios, que legitima para la imposición de obligaciones, limitaciones y procedimientos. Añade a los deberes normativos ya existentes de los propietarios de terrenos y bienes inmuebles urbanos y no urbanos, la perspectiva preventiva de incendios. Además, habilita a las Administraciones competentes para la acción preventiva en terrenos privados y regula los procedimientos, incluyendo un procedimiento de emergencia, y prioriza las ayudas públicas que se convoquen en el ámbito de la prevención.

Incrementar la protección de las personas

En el marco de incrementar la protección de las personas en los núcleos urbanos, la norma tiene importantes novedades, como son la integración de la prevención de incendios en la planificación y la normativa urbanística, tanto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León como el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El Decreto regula las ordenanzas municipales específicas en materia de prevención de incendios y seguridad de personas y poblaciones y refuerza y fomenta los Planes de Protección Civil de ámbito local por emergencia de incendios forestales.

Una parte fundamental de la reforma es clarificar el régimen de la normativa estatal de protección civil ante incendios forestales sobre la seguridad en la franja llamada en la norma estatal de interfaz urbano-forestal, que el Decreto-ley denomina anillos de seguridad como terminología más clara.

Estos anillos se definen como la franja de terreno donde la combinación de infraestructuras viarias y de prevención de incendios, junto con medidas de control de la vegetación y de protección de las edificaciones, suponen un elemento de defensa frente a la entrada hacia el interior del núcleo urbano de incendios provenientes del exterior.

Se prevén normas que posibilitan y facilitan la acción de las Administraciones públicas, cada una en sus competencias, para hacer efectivo que esos anillos estén en las condiciones necesarias para el fin de protección al que están destinados, confiriéndose instrumentos jurídicos para imponer las actuaciones que sean precisa a dicho fin en terrenos privados. 

Mejora de la acción preventiva en el conjunto del territorio

Otra parte fundamental del Decreto Ley son las modificaciones normativas dirigidas a recuperar el mosaico tradicional en el territorio con actividades agrarias que generan discontinuidades.

Para ello, en concreto, se clarifica y amplia el tiempo de paso de superficies agrícolas abandonadas a forestales, de veinte a treinta años, para facilitar el mantenimiento de los usos agrícolas y de discontinuidades en la cubierta forestal.

Y se facilita la reversión a usos agrícolas mediante procedimientos simplificados, ampliándose el plazo para ello de treinta años a cincuenta. También se otorga un mayor alcance y agilidad a los procedimientos de concentración parcelaria en cuanto a su relación con los procedimientos de cambio de uso forestal.

Finalmente, se autorizan roturaciones para cultivo agrícola en casos en que se busque fomentar la infraestructura de prevención frente a incendios forestales mediante la apertura y mantenimiento de discontinuidades y áreas de baja combustibilidad.