La Junta defiende en Bruselas financiación especial de fondos de cohesión para reto demográfico
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha defendido en Bruselas que los fondos de cohesión contemplen una financiación especial para territorios, como Castilla y León, que afrontan el reto demográfico.
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Blanco se ha reunido ayer con Isabelle Boudineau, miembro del Consejo Regional de Nueva Aquitania —Francia— y, al igual que la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, representante de su territorio en el Comité de las Regiones de la Unión Europea.
El objetivo de este encuentro ha sido establecer el punto de partida para elaborar un dictamen con propuestas a la nueva Política de Cohesión de la UE en un momento crucial, ya que ésta comenzará a adoptarse en 2027. Posteriormente, ambas se han reunido con diversas entidades interesadas para recabar más ideas y puntos de vista de cara a la configuración del texto.
Los dos principales pilares de la postura de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León han girado en torno al reto demográfico y a la necesidad de aplicar un enfoque más territorial en la gestión de los fondos.
En primer lugar, Blanco ha defendido la necesidad de poner el foco en la lucha contra la despoblación a través de la promoción de la innovación y la mejora de infraestructuras, fundamentalmente mediante el establecimiento de líneas de financiación dirigidas a las regiones con mayores problemas de despoblación.
La vicepresidenta ha expresado, precisamente, que es necesario configurar una línea de financiación específica en los fondos de cohesión para ciertos territorios en la que se tenga en cuenta, de manera especial, la baja densidad de población, la dispersión y la extensión, como sucede en Castilla y León, y, de esta manera, poder seguir manteniendo los servicios públicos esenciales para toda la población.
Estos criterios han de tener un peso decisivo, puesto que el vaciamiento de determinadas regiones de la Unión afecta directamente a la economía, pero también a su desarrollo social, cultural y ambiental. La vicepresidenta ha recalcado que el producto interior bruto como indicador para distribuir los recursos no es suficiente, ya que es precisamente la demografía la que determina la vulnerabilidad de los territorios.
En esta misma línea, Blanco ha manifestado que la Política de Cohesión debe ser renovada e integradora, así como ha de abordar el reto demográfico a nivel global, ya que no afecta únicamente a las regiones rurales, sino a toda la Unión Europea. Por ello, se tienen que configurar unas líneas estratégicas que garanticen el equilibrio, el crecimiento y la competitividad, y afronten este desafío estructural.
Precisamente, una de las claves para hacer frente a la despoblación es buscar un enfoque más territorial de la Política de Cohesión, apostando por una gestión compartida a todos los niveles de gobierno, la denominada ‘gobernanza multinivel’, para que la UE y los ejecutivos nacionales, regionales y locales establezcan un diálogo y una colaboración permanente en el momento de tomar decisiones, puesto que las administraciones municipales son las mejores conocedoras de las realidades locales.
Por ello, las regiones deben contar con una mayor autonomía en la gestión de fondos —respetando siempre el marco común de la UE—, en cumplimiento del principio de descentralización.
De este modo, los entes regionales podrán tener un mayor margen de discrecionalidad para implementar proyectos adaptados a sus necesidades, los cuales se desarrollarán mediante la cooperación con los representantes de los municipios.
Junto con estas dos propuestas fundamentales, la vicepresidenta de la Junta también ha abogado por simplificar la burocracia y dotar de mayor flexibilidad a los procedimientos que regulan los movimientos de fondos, así como que el marco estratégico sea más claro y coherente, para que todas las medidas que se apliquen vayan en la misma dirección y no haya incompatibilidades ni competencia entre ellas.
Por último, Blanco ha destacado como esencial el fomento de la innovación social como motor de cambio en las comunidades tanto rurales como urbanas, lo cual ayudará a fomentar el emprendimiento social, el desarrollo de soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar la vida de la ciudadanía y el impulso de proyectos que impliquen a las comunidades locales para remediar sus propios problemas.
