Herrera entrega los Premios Castilla y León 2017

Discurso del presidente de la Junta de Castilla y León

 Queridas amigas y amigos:

Los Premios Castilla y León han acompañado la vida de nuestra Comunidad desde su mismo nacimiento como Autonomía. Su entrega es todos los años el mejor prólogo a la celebración de nuestra “fiesta mayor” el 23 de abril. Con fidelidad al espíritu con el que se crearon, hoy nos vuelven a reunir para reconocer los méritos de quienes son referentes en sus respectivos ámbitos, por su personalidad, su tesón, su dignidad, y su trabajo bien hecho. Gracias y felicidades a todos ellos.

Después de tantos años, la nómina de personas e instituciones premiadas es impresionante. Muchas y fundadas candidaturas. Muchas y difíciles concesiones. Por las que hoy quiero dar las gracias a los proponentes de aquéllas. Y también en especial a los Jurados que siempre velan por el acierto y la justicia de éstas.

Como corresponde a una tierra abierta que valora la excelencia allí donde surge, estos Premios nunca exigieron contraseñas de paisanaje más allá del compromiso firme con todo lo que nos hace mejores. Por eso, entre los premiados hay castellanos y leoneses que viven en otros territorios, y entidades que no limitan su actividad al nuestro.

Así sucede con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales, otorgado a la ONCE. Una organización muy conocida y valorada en toda España. Que en 2018 cumple 80 años, realizando una labor de gran trascendencia humana, y celebra también el 30 aniversario de la Fundación que creó para impulsar la plena integración social de las personas con discapacidad. Un gran caudal de ilusión y experiencia, al servicio de la formación, el empleo, la promoción de la accesibilidad, y en suma la plena autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas ciegas, con deficiencias visuales u otros tipos de discapacidad. La ONCE es, un poco, la hermana mayor y pionera del hoy amplio y especializado tejido asociativo creado en torno a las personas con discapacidad y sus familias. Ha puesto en marcha un modelo de inclusión social sin parangón en el mundo. De cuyos buenos resultados se benefician de manera inmediata muchas personas en Castilla y León. Donde participa en nuestras principales estrategias sociales. Colabora en la educación de alumnos con discapacidad visual. Y da trabajo directo a 2.300 personas. Un claro ejemplo de cómo ese “Tercer Sector” promueve, mejora y complementa la actuación de las Administraciones, ganándose con ello el reconocimiento y el cariño de toda la sociedad.

De reconocimiento y cariño gozan los galardonados con el Premio Castilla y León del Deporte, Juan García Lorenzana “Juanín” y Fernando Hernández Casado. Leyendas del balonmano que, en brillantísimas carreras, que ambos han sabido prolongar mucho más allá de lo habitual, lo han ganado todo o casi todo. Representando a España, cuentan con medallas tanto olímpicas como de campeonatos mundiales y europeos. Y en sus respectivos clubes (el Ademar de León y el Balonmano Atlético Valladolid), títulos de todas las competiciones nacionales y europeas. Con marcas personales muy difíciles de igualar.  “Juanín” es el máximo goleador histórico de la Selección Española y de la Liga ASOBAL, siendo el primero que superó la barrera de los 2.000 goles. Fernando es el jugador más veterano de la Liga, el segundo con más partidos en su haber, y el tercer máximo goleador de su historia. Sus trayectorias, paralelas en rivalidad y compañerismo, han merecido que por primera vez este Premio se conceda a jugadores de un deporte de equipo, como es el balonmano, uno de los que mayores éxitos han dado a Castilla y León. Sin duda, el ejemplo de dedicación, juego limpio y éxito de estos premiados potencia la buena imagen y el protagonismo social de este atractivo deporte.

Ejemplar es la trayectoria del Grupo Antolín, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación. Valores presentes desde sus orígenes, hace más de 60 años, en un pequeño taller familiar de Burgos, donde los Antolín, con visión emprendedora, diseñaron y fabricaron una novedosa rótula para la dirección de los vehículos, que lograba aumentar su seguridad. Su éxito inmediato les animó a seguir generando y desarrollando soluciones para la todavía incipiente industria del automóvil. Desde entonces, la apuesta por la innovación es su principal tarjeta de presentación y ventaja competitiva. Hoy, el Grupo Antolín es uno de los mayores proveedores globales de componentes interiores para el automóvil. Uno de cada tres vehículos del mundo se fabrica con alguna pieza suya. Está presente en 26 países, con 149 plantas de producción, y con más de 26.000 trabajadores. Pero a pesar de su dimensión mundial, jamás ha renunciado a sus raíces. Las sucesivas generaciones de la familia, orgullosos de ser españoles y castellanos y leoneses, siguen manteniendo en nuestra tierra algunas de sus plantas originarias y su sede institucional y fiscal. Su Centro de Innovación es modélico. Desde su creación, han pasado por él más de 900 ingenieros y técnicos superiores, egresados sobre todo de nuestras propias Universidades. Con resultados tan importantes como las cerca de 2.500 patentes gestionadas por el Grupo. Además, acaba de poner en marcha también un moderno Centro de Formación Profesional Dual. Hoy es la segunda empresa industrial de Castilla y León, primera entre las de carácter familiar. Y la más admirada por nuestros emprendedores.

Amplia y diversa es la obra del nuevo Premio Castilla y León de las Letras, Juan Carlos Mestre. Al que el Jurado ha distinguido por encima de todo como un poeta imaginativo y original, que entre otros ha recibido el Premio Nacional de Poesía. Heredero y renovador natural de la gran tradición literaria berciana, Mestre reconoce como maestros a anteriores galardonados con este Premio, como Antonio Gamoneda y Antonio Pereira, figuras claves en su formación literaria y espiritual, y de quienes sobre todo reivindica su gran vocación moral. A partir de un brillante verbo, un potente lenguaje, sugerentes imágenes y caudalosos versos, su estética está llena de búsquedas, ensoñaciones y metáforas. Pero Mestre sobre todo concibe la poesía como una manera de estar en el mundo. Un acto de resistencia. Una forma de encauzar una lucha constante por los derechos civiles, en favor de aquellas personas que no los ven reconocidos. La defensa activa de principios humanistas que hagan realidad el anhelo de una sociedad de ciudadanos más felices y más libres. Por eso considera esencial “al otro”, porque según dice “no hay poema sin poeta, pero tampoco sin el receptor que lo reconoce”. Y por eso ha llegado a afirmar que “le bastaría con que la poesía fuera el incómodo testigo del presente que recuerde siempre para qué han sido hechas palabras como piedad, igualdad, justicia o felicidad. Las viejas palabras que siguen nombrando los grandes desafíos del hombre”.

Unos principios que también ha defendido durante toda su vida Araceli Mangas Martín, Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Continuadora de una tradición jurídica y humanista que se remonta al Derecho de Gentes, que fue formulado en su origen en la Universidad de Salamanca, de la que estamos celebrando su VIII Centenario, y de la que fue Catedrática la profesora Mangas. Es una de las más relevantes figuras del Derecho Internacional en España. Y en particular, autoridad reconocida del Derecho Comunitario. Posee un impresionante currículum profesional, y es autora de dos centenares de publicaciones. Forma parte de Instituciones como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido considerada Mujer Europea del Año en España, y una de las 100 españolas más influyentes. Su gran capacidad divulgadora, expresada en su frecuente colaboración en los medios de comunicación y en la dirección de revistas especializadas, se une a su intensa labor docente. A todo lo cual se añaden sus valiosas aportaciones como experta en temas europeos especialmente sensibles: la reforma del Tratado de Maastricht; la participación de las regiones y los municipios en la Unión Europea; o más recientemente el Brexit o la crisis de los refugiados. Ella es una de las personas que mejor saben explicar complejas cuestiones internacionales, con argumentos precisos y con un lenguaje accesible. Como muestra de su permanente voluntad de servicio, valoró la concesión de este Premio como una satisfacción, y sobre todo un motivo para más compromiso y más responsabilidad.

Amigas y amigos:

La trayectoria de la profesora Mangas sitúa ahora mis palabras en el que es, y debe seguir siendo, uno de nuestros principales marcos de desarrollo: el Proyecto Europeo.

En una reciente tribuna de prensa, nuestra premiada recordaba cómo la Universidad de Salamanca contribuyó “a la forja de los valores europeos, y a la idea de Europa como espacio de libertad, progreso y concordia”, difundiendo conceptos tan actuales como el respeto a los derechos humanos, el libre comercio o la obligación de las naciones de cooperar entre sí.

Es cierto que, tras la II Guerra Mundial, una España descabalgada de la Historia y la Democracia no participó en la construcción de las originarias Comunidades Europeas. Pero España —y dentro de ella Castilla y León— había participado antes, y de modo muy intenso, en la forja de los valores que sustentaron esa construcción europea. El papel de nuestras Universidades, lo acabamos de ver, es excelente ejemplo. Lo mismo que el intercambio de ideas y personas en el Camino de Santiago; toda nuestra gran aportación al patrimonio cultural de Europa; el valor incalculable de nuestra lengua y literatura; los primeros antecedentes del parlamentarismo moderno en las Cortes de León; o nuestro protagonismo en gestas como la primera circunnavegación del mundo, cuyo V Centenario ha comenzado a conmemorarse recordando las Capitulaciones de Valladolid.

Europa es y forma parte de nuestra identidad porque España contribuyó, como quien más, a componer la identidad europea. Por eso, cuando nos incorporamos al proyecto europeo en 1986 nos situamos allí donde nos correspondía. Y cuando nuestro Estatuto de Autonomía nos identifica, no sólo como “Comunidad histórica y cultural” de España, sino también como “región de Europa” que “asume los valores de la Unión Europea”, nos sitúa allí donde a Castilla y León le corresponde.

Europa es en efecto nuestro contexto político: el de las democracias avanzadas. Nuestro más relevante escenario económico: donde se produce más del 70% de nuestros intercambios comerciales. Y nuestro entorno social: el lugar del mundo con los sistemas de protección social más desarrollados. Además, la Unión ha contribuido, con programas y fondos, a la modernización acelerada de nuestras infraestructuras y de nuestro tejido productivo.

En ese terreno nos jugamos buena parte de nuestro futuro. Y por eso son tan positivos los amplios acuerdos que aquí hemos alcanzado en torno a dos grandes políticas europeas de especial importancia para Castilla y León: la Política de Cohesión y la Política Agraria Común.

Respecto de la primera, nuestros Grupos Parlamentarios y la Junta coincidimos en que “una Europa más fuerte sólo es posible desde la cohesión interna, tanto territorial como social”. Que una acertada y bien financiada Política de Cohesión es imprescindible para desarrollar los mandatos del “pilar europeo de derechos sociales”. Y que esa política debe orientarse decididamente a afrontar los gravísimos problemas demográficos que sufre Europa, y con especial intensidad algunas de sus Regiones, y Comunidades españolas como Castilla y León. En esta materia, todos nos reafirmamos en los contenidos del Dictamen ante el Comité de las Regiones de junio de 2016, y de la Resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 2017. Cuyo punto central es, en ambos casos, la necesidad de una Estrategia demográfica europea, que se sume a las de sus Estados y Regiones, y que dirija y coordine hacia ese objetivo el conjunto de políticas, instrumentos y fondos de la Unión.

Entre éstos destaca la Política Agraria Común, de la que somos los segundos mayores perceptores de España, y que tanta importancia tiene para un sector tan estratégico, desde el punto de vista económico, social y demográfico, como es la agricultura y la ganadería. En torno al futuro de la PAC a partir de 2020 hemos acordado una posición de Comunidad, entre las Organizaciones y Cooperativas Agrarias, Grupos Parlamentarios y Junta, en la que entre otros aspectos defendemos el mantenimiento de la actual financiación. Pagos directos de procedencia cien por cien europea, que eviten cualquier atisbo de renacionalización. Que los beneficiarios de esta Política europea sean los agricultores y ganaderos profesionales. Que se otorgue prioridad a la incorporación de los jóvenes y las mujeres a las actividades del sector y del mundo rural. Y que se mantenga el desarrollo rural como una de las claves de esa futura PAC.

Amigas y amigos: avanzar en estas y otras aspiraciones requiere seguramente como contrapartida un esfuerzo por apuntalar y promover el proyecto europeo. Un proyecto que, más de 60 años después de su inicio, es aún frágil e incompleto. Pues, si bien ha cosechado éxitos en el terreno del desarrollo económico y de los intercambios comerciales, ha relegado a un muy segundo plano los aspectos sociales; y ha carecido de decisión y valentía en la búsqueda de la unidad política. Europa es hoy una casa todavía en obras. Con habitaciones y pasillos que facilitan los intercambios económicos. Pero con unos cimientos políticos que no acaban de fraguar. Y con un tejado sin cerrar que, en caso de tormenta, hace que mucha gente quede a la intemperie y pase frío. Un proyecto en el que el azote de la crisis económica, junto a otros factores, ha propiciado el auge sin precedentes de posiciones y fuerzas escépticas, o directamente contrarias a la Unión. El resurgir de los nacionalismos excluyentes es, posiblemente, el fracaso mayor de una Unión que nació, precisamente, con la idea de frenar esos movimientos. Y todo esto se produce en un contexto en el que pesan también: la crisis de los refugiados; el azote del terrorismo sobre Europa; el desenlace desafortunado del Brexit; las incertidumbres ante el nuevo papel y los actuales líderes de Estados Unidos y Rusia, o el empuje de potencias que son, más que países, civilizaciones, como China o la India.

Hoy Europa se encuentra en un cruce de caminos, una encrucijada confusa en la que cada voz apunta, se diría, en una dirección diferente. En donde algunos hablan de la necesidad de una refundación. Y muchos, cuando menos, de una articulación más sólida, y de un modelo institucional que la ciudadanía europea pueda sentir más cercano, más humano y más democrático.

España, y en ella sus Comunidades Autónomas, debemos tener un papel en ese trascendental debate. Y al mismo tiempo debemos hacer frente a nuestros propios debates y retos internos. Conscientes de que no hay ningún país democrático en el mundo cuyas Instituciones no hayan resultado debilitadas tras la durísima crisis económica y social que acabamos de sufrir. Pero sabedores de que el “mal de muchos” en absoluto va a eximirnos de tener que buscar nuestras propias respuestas.

Unas respuestas que, sigo estando convencido, en buena medida se encuentran en la Constitución que ahora va a cumplir 40 años. Primero, en la propia experiencia de su confección: en aquel momento histórico, decisivo y fructífero, lleno de inteligencia y generosidad, que fue la Transición, y que deberíamos tener siempre presente. Y también, en las Instituciones surgidas de esa misma Norma Fundamental. En la que nuestro Estado aparece bajo la cuádruple consideración de Estado Social, Democrático, de Derecho, y Autonómico.

Uno de los padres fundadores de la Unión Europea afirmó que: “nada es posible sin las personas, nada duradero sin las Instituciones”. Así se demuestra en nuestro Estado Social. En el que nada sería posible sin el gran desempeño de unos magníficos profesionales, en la Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Atención a la Dependencia. Los resultados de ese desempeño han de hacerse duraderos a través de las Instituciones: en este caso, los sistemas de protección social. Hoy sometidos en toda España a evidentes tensiones y retos. Como los de incorporar novísimas tecnologías en un contexto de gran exigencia ciudadana. Y con la urgente necesidad de un modelo de financiación autonómica que permita el adecuado despliegue de los servicios, y que garantice para ellos la suficiencia de recursos, reconociendo los factores objetivos y concretos que influyen en cada caso en el coste de su prestación. Un objetivo en torno al cual hemos forjado sólidos acuerdos, tanto dentro de Castilla y León, como con alianzas con Comunidades de distintos signos políticos.

Pero además de para su financiación, el Estado Social necesita también muchos acuerdos en cuestiones de fondo. Por ejemplo, para garantizar la estabilidad de un sistema educativo, que es la clave del futuro. Para asegurar el sistema público de pensiones, de vital interés para una Comunidad donde casi uno de cada cuatro habitantes ya ha alcanzado los 65 años. O para pensar, con participación de todos, cómo damos respuestas adecuadas a esa lacra personal y social del siglo XXI que es la soledad, sobre todo entre las personas mayores.

Y es que junto al Social está el Estado Democrático. En el que la capacidad para alcanzar acuerdos, o al menos la existencia de un contexto de diálogo en el que sean imaginables, parece crucial. Más aún cuando los cambios del entorno político han dado lugar a que en España hayamos pasado de una “democracia de alternancia” a una “democracia de consensos”. Que no puede funcionar, en su día a día, sin acuerdos. Por eso, más importante aún que el estado de salud del texto de la Constitución —que en todo caso está acreditando tener una “mala salud de hierro”— es la salud o falta de salud de nuestro sentimiento constitucional, de nuestro constitucionalismo. Pues, del mismo modo que Inglaterra, por ejemplo, es un Estado constitucional que no tiene una Constitución escrita, España corre el riesgo de ser un Estado con Constitución… pero sin espíritu constitucional. Sin esa actitud cívica de sabernos y creernos parte de un todo, de una trayectoria y un destino común. Y sin tener, como consecuencia de ello, la empatía necesaria con el resto de los protagonistas de esa misma andadura.

Se ha dicho que tan importante como el sufragio universal —que es el gran legitimador en una democracia—, o la formación de mayorías suficientes, es que pueda darse una deliberación abierta y un diálogo político sincero. En España somos capaces de ello. Nada insuperable lo impide. Hay ejemplos bien recientes en nuestra historia democrática. Como ha dicho esta misma semana el Presidente de Portugal: “sólo en democracia elegimos ser fieles a lo mejor de nuestra historia”. Pero tenemos que elegir ser así. Elegir el diálogo político. Y complementarlo con un vigoroso diálogo social, como el que para beneficio de todos hoy existe en Castilla y León, centrado sobre todo en las políticas de empleo y sociales que necesitan las personas y familias para las que desde luego la crisis no ha terminado. Es imprescindible que nos escuchemos más los unos a los otros. Y también que los poderes públicos escuchemos más a la sociedad civil. A través de avances en democracia participativa y diálogo civil que, respetando el mecanismo esencial de la representación política, contribuyan a cerrar la brecha abierta entre Instituciones y ciudadanía.

Por su parte, la esencia de nuestro Estado de Derecho es el valor superior de la ley, a la que todos estamos sometidos, que debe ser la garantía de la libertad e igualdad de todos, y que se tutela por un Poder Judicial independiente. Contra esa esencia ha venido a producirse ese desgraciado conflicto que han generado los autores y cómplices del golpe civil en Cataluña. Donde poderes públicos, cuyo origen está en la Constitución y la ley, han desbordado absolutamente sus límites, considerándose a sí mismos exentos de estar sometidos al imperio de la ley. Allí se ha roto deliberadamente la convivencia entre ciudadanos libres e iguales. Se ha vulnerado la democracia, al intentar hurtar la soberanía que corresponde a todo el pueblo español, y que ninguna parte o facción puede arrogarse. Se ha debilitado el propio Estado Social, al dañar la economía de la Comunidad (como demuestra la fuga de empresas), y al acaparar el proceso independentista todo el espacio público, desatendiendo obligaciones tan esenciales como las de mejorar los servicios públicos más necesarios para la población. Para colmo, se ha sometido a la Unión Europea, y a las relaciones entre los Estados que la forman, a nuevas e indeseables tensiones. Ante las cuales sus socios no siempre han estado a la altura. Pues si la Unión Europea, que nació como remedio frente a este tipo de desestabilizaciones, titubea ante ellas, sin duda algo se está haciendo mal. Porque debería estar absolutamente claro que el intento de doblegar a un Estado miembro de la Unión desde alguno de los propios poderes de ese Estado es un ataque directo al mismo fundamento de la construcción europea.

Frente a esa concepción excluyente de la identidad que demuestran los separatismos, considero que adquiere una renovada significación el Estado Autonómico diseñado por nuestra Constitución, y que fue una de sus principales innovaciones, para organizar el ejercicio del derecho a la autonomía de las Comunidades de España, y garantizarnos un modelo avanzado de descentralización política y administrativa.

Un modelo sin duda mejorable. Pero que precisamente por eso dista mucho de estar agotado. Cabe reiterar que se pueden y deben mejorar, sin duda, las facetas de cooperación, tanto vertical (con el Estado) como horizontal (entre Comunidades). Y que sigue estando pendiente reforzar su aspecto integrador, a través de una renovada funcionalidad del Senado. Pero tampoco cabe olvidar que, fundamentalmente, ha sido la falta de lealtad la que ha impedido que el modelo funcionara mejor. Que han sido los excesos de algunos los que más le han perjudicado. Y que por ello corregir esos excesos y garantizar la lealtad debería ser siempre el objetivo último de cualquier reforma del modelo.

El Estado Autonómico no es un modelo fallido, sino tal vez, como le sucede también a la Unión Europea, un modelo incompleto. Donde es crucial que todas las Instituciones sepan que su propia existencia no se justifica en ningún pedigrí identitario, sino en la llana obligación de respetar la ley y prestar un servicio mejor al interés de las personas.

Esa es la experiencia de estos 35 años que han transcurrido desde la aprobación del Estatuto de Castilla y León. 35 años en que, con luces y sombras, con avances y retrocesos y nuevos avances, con problemas resueltos y otros por resolver, nuestra Comunidad y sus Instituciones se han esforzado por cumplir con su deber.

Por eso, nuestra fiesta grande debe ser un día de alegría, de reivindicación y de orgullo. Un día para mirar de frente a los retos, pero también para reforzar nuestra autoestima. Para valorar las dificultades del camino que tenemos por delante, y también para ponderar el trayecto recorrido hasta aquí.

Todo ello tendrá pleno sentido si lo hacemos juntos y desde nuestros mejores valores. Los que hoy nos llevan a confiar en la voluntad, la inteligencia, el compromiso y la capacidad de esfuerzo de lo mejor que siempre ha tenido esta tierra: sus personas. Mujeres y hombres como los que hoy homenajeamos en la entrega de los Premios Castilla y León. A todos ellos, enhorabuena una vez más. Y muchas gracias a todos.