En marcha cátedra para salvar comercio tradicional
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha presentado en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid el inicio de la primera fase de investigación de la Cátedra de Innovación del Comercio Tradicional.
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Durante la presentación, celebrada ayer, el secretario general de la Consejería, Alberto Díaz Pico, ha estado acompañado del decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, Jose Antonio Salvador Insúa, y del director Territorial de Castilla y León del Banco Santander Francisco Javier Martín Calvo.
Díaz Pico ha iniciado su intervención resaltando el peso que tiene el comercio local en la actividad económica de Castilla y León, ya que “supone el 9 % del VAB y el 13 % del sector servicios”.
Además, ha señalado que las “35.000 empresas comerciales son el 22,2 por ciento del total de las existentes” y que, de ellas, 22.000 son comercios minoristas, el 14 por ciento del total de empresas de la Comunidad. Con estos datos, y destacando que Castilla y León fue una de las ocho comunidades que registraron un crecimiento en las ventas en 2022, el secretario ha argumentado la importancia que aplicar “políticas que defiendan y protejan el sector”.
Respecto a la Cátedra, Díaz Pico ha querido destacar la importancia de los datos que se podrán obtener después de la fase de investigación para medir el impacto sobre la actividad en los pequeños comercios de políticas como la delimitación de zonas de bajas emisiones o las restricciones horarias.
En su intervención, el secretario general ha señalado que “las nuevas tecnologías no son una amenaza para el comercio tradicional, pero hay que saber aprovecharlas y sacar partido de ellas”.
Para concluir, ha incidido en la importancia de que “más allá de los datos, el comercio local humaniza nuestros barrios y establece importantes lazos de confianza y ayuda. El trato cercano, nuestras costumbres y nuestras tiendas vertebran la vida local y son garantía de calidad y de empleo, pues ayudan a fijar población”.
Objetivos y metodologíoa de la Cátedra de Innovación
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo impulsa este proyecto con el objetivo de llevar a cabo una investigación para dar respuesta a la necesidad de los comercios minoristas de disponer de la capacidad de reaccionar, de manera rápida y eficaz, a los cambios constantes que se producen en el sector.
Y, de esta manera, dotarles de herramientas e información para que pueda adaptarse a las nuevas tendencias del entorno y a las necesidades y deseos cambiantes de los consumidores.
Los objetivos específicos del proyecto son: Análisis de las variables relevantes para el comercio; identificación de los problemas de los comercios de proximidad, detección de aquellas medidas necesarias para reactivar la actividad comercial y aportación de consejo y soluciones adaptadas a las necesidades de cada negocio y de la localidad donde se aplique
La metodología del proyecto de investigación se basará en la obtención de información primaria mediante la observación con mecanismos de grabación digital (analítica de conteo) y mediante encuestación a compradores.
Por medio de estas herramientas se obtendrán datos relevantes acerca de variables del comercio que, mediante la investigación y la tecnología de la plataforma de experiencia-cliente desarrollada por investigadores de la Universidad de Valladolid, se transformarán en información valiosa para los agentes del ámbito comercial, así como en recomendaciones de mejora.
Otras medidas de la Consejería para proteger el comercio local
Durante 2022 la Consejería de Industria, Comercio y Empleo invirtió casi 40 millones de euros en actuaciones para impulsar el sector comercial.
Destaca la línea de modernización y digitalización financiada con 1,8 millones de euros que ha beneficiado a 292 comercios.
Así como el fondo tecnológico destinado a los comerciantes con 2,5 millones de euros y que en la primera convocatoria ya ha recibido 232 solicitudes.
También convocó en verano 9 millones de euros para que autónomos y pequeñas y medianas empresas pudieran hacer frente a la obligatoria implementación de las medidas de eficiencia energética derivadas del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto.