El lobo mata 5.566 cabezas de ganado en Castilla y León en 2023
El número de ataques y cabezas de ganado muertas por daños de lobo en Castilla y León en 2023 continúa incrementándose hasta alcanzar las 5.566 cabezas, en un total de 3.558 ataques, suponiendo un aumento del 16 % respecto de los registrados en 2022 (3.058) y de un 33 % respecto de los del año 2021 (2.669).
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La Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias, en una reunión mantenida esta semana, han analizado los datos de ataques y número de cabezas muertas por daños de lobo en 2023, que alcanza, nuevamente, una cifra récord en Castilla y León con más de 5.500 cabezas de ganado muertas certificadas por ataques de lobo, un 9 % más que en 2022 y un 30 % más que en 2021.
En el año 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico incorporó el lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que imposibilitó la caza de esta especie al norte del Duero y el control poblacional por daños a la ganadería en toda la comunidad autónoma, así como en el resto de España.
El 52 % de las cabezas muertas se corresponden con ganado vacuno (2.889 reses), concentrándose estos daños fundamentalmente en las provincias de Ávila y Segovia, con 1.406 y 707 cabezas muertas, respectivamente.
A continuación, el ganado ovino representa el 40 % de las cabezas muertas (2.205 reses), distribuidas fundamentalmente entre las provincias de Zamora, con 743 animales muertos, Burgos, con 498, y Segovia, con 338. El equino, con 298 animales muertos, representa el 5 % de las bajas, distribuidos fundamentalmente por la cordillera cantábrica, en las provincias de Palencia, Burgos y León, con 98, 94 y 85 respectivamente.
Por último, los daños sobre ganado caprino suponen el 3 % del total, con 158 bajas. A excepción de Salamanca todas las provincias de Castilla y León presentan un incremento continuado de daños respecto de las estadísticas del año 2021.
Por provincias, Ávila aglutina el 30 % de las cabezas muertas para todo Castilla y León, con 1.652, y un incremento de daños respecto del año 2021 del 11 %. A continuación, las provincias de Segovia, con 1.062 reses muertas, y Zamora, con 988, representan el 19 % y 18 %, respectivamente, de las cabezas muertas. El incremento de los daños en estas provincias respecto de 2021 supone un aumento del 23 % para Segovia y del 11 % para Zamora.
Hay que destacar también la provincia de Burgos, que con 697 animales muertos representa el 13 % de los daños habiendo multiplicado por 7 los daños respecto del año 2021, pasando de 84 reses muertas en 2021 a 697 en 2023. Otras provincias, como Soria o Palencia, también han duplicado los daños, pasando en Soria de 71 reses muertas en 2021 a 162 en 2023, y en Palencia de 168 en 2021 a 343 reses en 2023. Para la provincia de Salamanca, se comprueba una reducción de los daños respecto de 2021, pasando de 356 reses muertas a 70.
El importe de las indemnizaciones abonadas por los daños de lobo en el año 2023 ha supuesto un total de 3,45 millones de euros, de los cuales 2,47 se han correspondido con pagos compensatorios y 0,98 por responsabilidad patrimonial en ejecución de sentencias de daños de los años 2020 y 2021.
En este sentido, la nueva normativa de pagos compensatorios aprobada en el año 2023, por la que se regulan los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas en Castilla y León, ha permitido la compensación de los daños al norte del río Duero con carácter retroactivo desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en septiembre del año 2021. La súbita incorporación del lobo en LESPRE sin un periodo transitorio dejó un vacío legal al norte del río Duero al dejar de ser el lobo una especie cinegética y, por tanto, no poder indemnizar los daños por el sistema hasta entonces establecido.
Además, la nueva Orden contemplaba un incremento de los baremos mediante la incorporación de gastos fijos a la gestión del siniestro, la compensación por animales heridos o eutanasiados por ataques de lobo, así como la incorporación del lucro cesante en la indemnización de los daños, entre otras novedades.
A la vista de estos datos, tanto la Junta de Castilla y León como las Organizaciones Profesionales Agrarias han vuelto a dejar constancia de que la situación límite, y tanto la Administracion autonómica como las OPA vuelven a instar a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a que derogue la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. También solicitan que sevrecupere la senda del diálogo para flexibilizar la gestión del lobo asegurando, en todo momento, el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable. Estas cuestiones ya fueron solicitadas a la ministra en una carta conjunta de la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias remitida el 18 de enero de este año, y que a fecha de hoy sigue sin dar respuesta.
En este sentido, cabe recordar que el Parlamento Europeo se pronunció en el año 2022 proclamando su preocupación por los daños que producía el lobo a distintos intereses comunes agrícolas, ganaderos e incluso a las personas, e instó a la comisión a la Comisión Europea a que hiciera algo al respecto. La propia presidenta Ursula Von der Leyen, en el año 2022, puso de manifiesto en un comunicado que, efectivamente, había una preocupación en Europa y que había que trabajar en ello y dio instrucciones a los servicios de la Comisión para que estudiase qué es lo que habría que hacer.
La Comisión abrió un periodo de consultas en 2023 para que en Europa se pronunciasen los Estados, las regiones y las organizaciones de todo tipo. Finalmente, resolvió que la protección del lobo en Europa tiene que cambiar a un régimen de simple protección, para lo que habría que cambiar el convenio internacional de Berna, como trámite previo para modificar el régimen legal del lobo en el ámbito de la UE previsto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.
