El Comité de las Regiones recoge las propuestas de Castilla y León en materia de cohesión territorial
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La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, asiste estos días en Bruselas a la Sesión Plenaria del Comité de las Regiones con la intención de apoyar una serie de propuestas que reflejan la postura e intereses de Castilla y León en cuestiones tan importantes como la política de cohesión post 2020, el futuro de una Europa después del Brexit o el presupuesto de la Unión Europea para 2018.
Durante ayer y hoy, 11 y 12 de mayo, se celebra la 123ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones (CdR) en la sede del Parlamento Europeo, un Pleno de especial importancia para las regiones europeas en general y para Castilla y León en particular, no solo por el número de dictámenes y resoluciones que se tratan (diez proyectos de dictamen y dos proyectos de resolución), sino por la relevancia de su contenido. En este Pleno participan el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, comisario responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.
A través de la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, Castilla y León apoya en Bruselas su apuesta por una política de cohesión fuerte y eficiente post 2020, tal y como se recoge en el dictamen que se debate en el Pleno ‘El futuro de la política de cohesión después de 2020’. Una política esencial y un pilar imprescindible del proceso de integración europea y del crecimiento económico europeo, al igual que el mercado único o la unión económica y monetaria.
El dictamen defiende que la política de cohesión no solo esté circunscrita a equilibrar las disparidades regionales y las diferencias de desarrollo, sino que a la vez constituya una estrategia para fomentar la innovación, la competitividad y el crecimiento sostenible no solo en las regiones menos desarrolladas, sino también en las que tienen un desarrollo superior a la media.
La Junta ha hecho llegar varias aportaciones para la redacción del texto al ponente del dictamen, el secretario de estado y representante de la región alemana de Sajonia-Anhalt, Michael Schneider, y ha visto recogido el espíritu de sus propuestas en el documento que se debate en este Pleno.
Entre otras, la solicitud de que se diseñe una política de cohesión flexible para abordar futuros retos, entre los que se encuentran los desafíos demográficos, o la necesidad de incluir criterios complementarios al PIB relacionados, por ejemplo, con el mercado de trabajo y con retos y potenciales específicos (de carácter social, medioambiental, geográfico, natural, demográfico…), cuando se elabore la nueva generación de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el próximo período financiero plurianual.
Castilla y León viene reclamando de forma consistente la inclusión de esos puntos – ya lo hizo en su contribución a la revisión intermedia de la Estrategia 2020 y también en el dictamen de iniciativa presentado por el presidente de la Junta de Castilla y León y aprobado en junio del año pasado, ‘La respuesta de la Unión Europea a los retos demográficos’- y este dictamen ve recogidas esas demandas para la nueva política de cohesión post 2020.
Castilla y León y el Brexit
El Brexit y la incertidumbre que genera en toda la Unión Europea (UE) y, por tanto, también en todas las entidades locales y regionales, es objeto de debate con la Resolución del CdR ‘El Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el Futuro de Europa’ que se pretende aprobar y que va precedido de la declaración ‘Reflexionar sobre Europa’, del presidente del CdR, Markku Markkula.
La Resolución sobre el Libro Blanco del futuro de Europa pone de relieve una serie de elementos que son vitales para definir un escenario ambicioso para el futuro de la Unión Europea: una ciudadanía europea activa; una estrategia global para lograr la cohesión económica, social y territorial; una Europa innovadora, digital y emprendedora; una unión monetaria europea más profunda, justa e inclusiva; un espacio de libertad, seguridad y justica integrado basado en los derechos fundamentales; una verdadera capacidad de la UE de establecer acuerdos comerciales internacionales justos y equilibrados; y una política exterior de vecindad y de defensa común en aras de la estabilidad global. Se trata de temas de gran calado que exigirán debates políticos y doctrinales, así como acuerdos y compromisos constructivos y realistas entre todos los socios de la UE y con terceros países.
El Comité de las Regiones, como cámara de participación política de los entes locales y regionales, no puede ser ajeno a ellos, y es el lugar adecuado para que sus integrantes reflexionen y hagan propuestas sobre todos estos temas en favor de sus intereses.
Precisamente en esta línea de trabajo y en este contexto, la Junta ha contribuido a la iniciativa de la Delegación Española en el Comité de las Regiones de participar en la elaboración de un documento que se está preparando y que recogerá la posición común del impacto que tendrá sobre las comunidades autónomas la decisión del Reino Unido de abandonar la UE.
Entre las aportaciones de Castilla y León, cuya mayor preocupación son las personas, en términos de impacto del Brexit en la Comunidad, destaca la que subraya que debe trabajarse en favor de que se garanticen los derechos de los ciudadanos, de los 5.000 castellanos y leoneses y más de 115.000 españoles que están viviendo en el Reino Unido y darse prioridad a las cuestiones que generan incertidumbre.
Desde el punto de vista del sector agrario y agroalimentario, teniendo en cuenta que se reducirán los gastos disponibles para las actuaciones que se vienen realizando y, por tanto, habrá una limitación de los objetivos de la UE, dos son las cuestiones que se verán afectadas en la Unión Europea y, por tanto, en Castilla y León. Por una parte, con la salida de Reino Unido de la UE, la Política Agrícola Común sufrirá una pérdida de recursos. Esta reducción se concretará en el nuevo escenario presupuestario donde, además del Brexit, entrarán en juego otros condicionantes que pueden afectar también a la financiación de esta política comunitaria. Cabe recordar que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en España en la percepción de la PAC. Por otro lado, los intercambios comerciales en estos sectores también se verán influidos.
Castilla y León también defiende en Bruselas que el Brexit no suponga una pérdida de oportunidades para sus empresas y para su economía en general, sino más bien al contrario: procurará aprovechar las nuevas oportunidades que genere (en particular, a través de los flujos de inversión directa). Por ello, más allá de los efectos que el Brexit pueda tener a corto plazo, es esencial estar preparados para afrontar con éxito sus consecuencias (retos y oportunidades) a más largo plazo.
El proyecto de Presupuesto de la UE para 2018
A su vez, se debate en este pleno ‘El proyecto de Presupuesto de la UE para 2018’, donde Castilla y León apoyará la necesidad de que el presupuesto de la UE se concentre en sectores que aporten crecimiento, empleo, seguridad y un auténtico valor añadido europeo para los ciudadanos europeos y recordará nuevamente a la Unión Europea que debería tratar de integrar las consideraciones demográficas en todos los ámbitos políticos e incluir en su presupuesto rúbricas orientadas a posibilitar el desarrollo de estas políticas y acciones, así como establecer mecanismos de prioridad para aquellas regiones donde las consecuencias del cambio demográfico tienen una particular incidencia.
