Castilla y León lidera la aplicación de la Ley de Dependencia
Los profesionales de los Servicios Sociales de España vuelven a otorgar a Castilla y León un sobresaliente en su gestión de la aplicación de la Ley de Dependencia, la única comunidad que lo consigue, con un 9,3 sobre 10, la mayor nota de todo el país.
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La puntuación media de las comunidades españolas se sitúa en 5,04 puntos, con nueve comunidades que no llegan al 5 y otras cuatro que bajan su puntuación respecto al dictamen anterior.
Castilla y León es la comunidad que tiene el mayor número de personas atendidas desde que se implantó el sistema, con más de 93.374 beneficiarios, una tasa de atención más de 15 puntos superior a la media nacional y el Dictamen califica como “modélico en todo el país” el nivel de lista de espera o personas desatendidas, que en Castilla y León es residual, con un 1,4 %, frente a la media nacional, que se sitúa en el 19,2 %.
También se subraya que Castilla y León es la comunidad que está teniendo mayor capacidad para crear empleos vinculados a la dependencia, con 28.621 puestos de trabajo directos, lo que supone haber generado 2.600 empleos más en el último año y 12.000 más en la actual legislatura.
“¿Estamos ante cifras que podrían ser referente del techo del Sistema de Atención a la Dependencia?”.
Esta pregunta aparece reflejada en el Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia al finalizar el análisis relativo a los datos que arroja Castilla y León en su gestión del Sistema de la Dependencia en 2018, especialmente en los referidos a la tasa de personas atendidas en la Comunidad y a la práctica inexistencia de las listas de espera.
El Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, realizado por la Asociación Nacional de directoras y gerentes de Servicios Sociales, señala en su Dictamen correspondiente a la gestión del año 2018 que, un año más, y son ya 12 dictámenes consecutivos, Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor está gestionando la Dependencia en España. Vuelven a otorgar a Castilla y León un sobresaliente en su gestión de la aplicación de la Ley de Dependencia con un 9,3 sobre 10, la mayor nota de todo el país. La puntuación media de las comunidades españolas se sitúa en 5,04 puntos, con nueve comunidades que no llegan al 5 y otras cuatro que bajan su puntuación respecto al dictamen anterior. En esta legislatura, Castilla y León ha incrementado su puntuación en este Dictamen desde los 8,6 puntos de 2015 a los 9,3 actuales.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha destacado varios aspectos que señala el Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia y que explican la valoración que se da a Castilla y León.
En primer lugar, Castilla y León registra el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantación del Sistema de Dependencia, con 93.374 beneficiarios, lo que supone 4.674 beneficiarios más que el año anterior.
Estas 93.374 personas recibieron 125.565 prestaciones, 10.000 más que el año anterior, lo que supone que un tercio de los beneficiarios reciben más de una prestación, con una ratio de prestaciones por persona beneficiaria del 1,34 %, superior a la media estatal, que es del 1,25 %.
El Dictamen califica como “modélico en todo el país” el nivel de lista de espera o personas desatendidas, que en Castilla y León es residual, con un 1,4 %, frente a la media nacional, que se sitúa en el 19,2 %. El Observatorio señala los grandes desequilibrios en este parámetro entre comunidades, ya que mientras que en Castilla y León la lista de espera es prácticamente inexistente en comunidades como Cataluña supera el 32 %.
Castilla y León es la única comunidad con plena atención, con 98,6 % de personas atendidas, casi 18 puntos por encima de la media nacional.
También resalta el Dictamen que Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de beneficiarios sobre su población potencialmente dependiente, creciendo incluso respecto al pasado año hasta un 13,63 %, frente al 10,07 % de media estatal.
Destaca así mismo el informe que Castilla y León alcanza su máximo nivel histórico de personas atendidas, con una tasa de 37,4 dependientes por cada 1.000 habitantes, la mejor de todo el país.
Castilla y León es la comunidad que está teniendo la mayor capacidad para generar empleo en España en Dependencia, con 52 empleos por cada millón de euros invertido, la tasa más elevada del país. El Dictamen destaca que el Sistema de atención a la Dependencia en Castilla y León genera ya 28.621 puestos de trabajo directos en la Comunidad, lo que supone 2.600 trabajadores más en el último año y 12.000 más en el total de la actual legislatura.
La alta creación de empleo y la elevada tasa de retorno derivan, según el informe, del incremento del número de personas atendidas y de basar la atención en servicios profesionales. En este sentido destaca que el 80 % de las personas dependientes recibe servicios profesionales.
La importancia de todos estos aspectos se refleja también en el retorno económico. El Sistema generó en 2018 en Castilla y León 232 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA, con una tasa de recuperación del gasto público del 42,1 % del total invertido.
El dictamen recoge que la financiación del Sistema de Dependencia en Castilla y León fue superior a los 685 millones de euros en 2018. Junto a esto, señala que el gasto público por habitante en Castilla y León ascendió desde los 180,59 euros por habitante en 2017 a los 194,80 euros en 2018, un 8 % más.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina 6 de cada 10 euros de su presupuesto a dependencia.
En la tabla global de puntuaciones tras el análisis del conjunto de las escalas de valoración, el dictamen sitúa en primer lugar en atención a la dependencia a Castilla y León, con un 9,3. Le siguen Castilla La Mancha, con 8,2; La Rioja, con 7,1; Andalucía, con 6,7; Madrid, con 6,7; País Vasco, con 6,07; Galicia, con 5,36; Aragón y Extremadura, ambas con 5 puntos. Por debajo del cinco se sitúan Murcia, con 4,6; Cantabria y Navarra, ambas con 4,2; Ceuta y Melilla, con 3,9; Comunidad Valenciana, con 3,5; Asturias, Cataluña y Baleares, con 2,8, y Canarias, con 1,8.
Actuaciones relevantes que han reforzado el Sistema esta legislatura
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que el hecho de que Castilla y León obtenga estas valoraciones en estos informes independientes se debe al esfuerzo continuo que desde el Gobierno autonómico se está realizando por las personas dependientes de la Comunidad. En este sentido, Alicia García ha destacado que en estos últimos cuatro años se han dado pasos muy importantes para consolidar este Sistema de atención a la dependencia con actuaciones destacadas.
En primer lugar, Castilla y León ha sido la única comunidad que ha conseguido incorporar al Sistema a todos los dependientes moderados, el Grado 1 de dependencia, lo que supone que en la actualidad hay 31.000 personas más con prestación reconocida que hace cuatro años, un 50 % más, y 48.130 prestaciones más que hace cuatro años, un 62 % más.
Junto a esto, se han reducido los plazos para el reconocimiento del derecho a los cuatro meses actuales desde que se presenta la solicitud, en lugar de a los 6 meses, como está establecido para el resto de España. Y a partir de enero de 2020 será a los tres meses, que es el compromiso al que se llegó.
Otro aspecto importante ha sido la reciente recuperación por parte de la Junta de los recortes adicionales que Castilla y León introdujo en 2012 en el caso de la prestación de cuidados en el entorno familiar con motivo de la crisis y para poder potenciar los servicios profesionales.
Además, se han incrementado las compatibilidades entre prestaciones y Castilla y León es la segunda comunidad que más compatibilidades tiene; se han potenciado algunas prestaciones, como la asistencia personal, que se ha multiplicado por cinco y ya existen 850; en el marco del diálogo social se ha incrementado la financiación destinada a la ayuda a domicilio en 12,6 millones de euros, un 28 % más, además de reducir el copago en prestaciones como la ayuda a domicilio y la teleasistencia, y se han regulado los requisitos que deben reunir las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio para poder ser acreditadas y así dotar a esta prestación de la mayor calidad posible.