CyL | Junta de Castilla y León

Acuerdo para que los funcionarios recuperen sus derechos perdidos durante la crisis 

Castilla y León pondrá en marcha en marzo de 2018 un Concurso Abierto y Permanente para todos los empleados públicos que será pionero en el país.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras rubricar este martes un nuevo Acuerdo Marco de Función Pública, ha avanzado la recuperación de los derechos perdidos con motivo de la crisis y modernizar la Función Pública de Castilla y León en el que queda pendiente la reivindicación de todas las partes, incluido el Gobierno regional, de las 35 horas semanales.

"No nos conformamos", ha advertido el vicepresidente y consejero, al que han secundado los representantes de CSIF, UGT y CCOO (Carlos Hernando, Carmen Amez y Carlos Julio López Inclán) quienes no han descartado movilizaciones ante el Gobierno de la nación con motivo de la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2018 donde piden que se contemple la recuperación de las citadas 35 horas.

Entre las principales novedades de este Acuerdo Marco de la Función Pública, continuidad del rubricado en octubre de 2015, destaca el compromiso de la Junta de poner en marcha en marzo de 2018 un Concurso Abierto y Permanente para todos los empleados públicos, una medida que ya se aplica para los laborales, a la que se han sumado unas 60 personas y que funciona "perfectamente".

"Por eso lo han pedido los sindicatos", ha explicado el vicepresidente, quien no ha dudado al afirmar que este concurso abierto y permanente será "vital" para los empleados públicos de Castilla y León ya que, hasta la fecha y al igual que ocurre en otras administraciones, no se cumplía la obligación de convocar un concurso cada año.

Otras de las novedades de la "profunda" reforma acordada para la Función Pública de Castilla y León, a la que el consejero se ha referido como "casi casi una revolución", son la supresión en las futuras RPTs de los denominados "puestos básicos" o "los peores" y la liberación de casi 600 puestos de trabajo consecuencia de la supresión del 31 por ciento de puestos de libre designación y del 28 por ciento de concursos específicos que pasan a ser provisionadas como concurso ordinario.

A partir de este acuerdo no habrá libres designaciones para los funcionarios con nivel inferior a 27, salvo "pequeñísimas excepciones".

"Son puestos de trabajo buenos que se liberan para mejorar la carrera profesional", ha defendido el consejero de la Presidencia quien, tras insistir en que este nuevo Acuerdo Marco va a "beneficiar mucho" esa carrera profesional de los funcionarios que contarán con "muchas y mejores" plazas", ha recordado que ese objetivo no pasa sólo por poner más dinero sobre la mesa sino también por modernizar las plantillas y la estructura de relación de puestos de trabajo, como ocurrirá.

Primar puestos ultraperíferos
Junta, CSIF, UGT y CCOO han acordado también definir antes del 31 de diciembre de 2017 los "puestos de trabajo ultraperiféricos" para buscar soluciones a la "difícil cobertura" de algunos puestos alejados de los grandes núcleos urbanos de Castilla y León y que, según ha reconocido el consejero, son "muy necesarios" para el medio rural de la Comunidad.

El objetivo de las partes es delimitar ahora qué se entiende por puesto de trabajo ultraperiférico para estudiar las formas para primar la permanencia en esas plazas a través de un complemento específico, de la concesión de más puntos o méritos en los concursos o de la combinación de ambas, ha apuntado De Santiago-Juárez.
El nuevo Acuerdo da un "paso más" en la recuperación de los derechos perdidos iniciado en octubre de 2015 al ampliar el catálogo de enfermedades --incluirá casi todas menos el catarro común, según las palabras del consejero-- y recuperar la cobertura del cien por cien desde el primer día la baja con el "compromiso" de la Junta de recuperar en un intervalo de año y medio entre el 40 y el 50 por ciento de la denominada Acción Social (ayudas para gafas o dentista para los que más lo necesitan).

El consejero de la Presidencia ha cifrado en unos 500.000 euros el coste de la supresión de los denominados puestos base mientras que la recuperación del cien por cien de la cobertura de las bajas supondrá entre 1,4 y 1,5 millones de euros y unos 2 millones las medidas correspondientes a la Acción Social.

"Cuando se consiguen las cosas parecen sencillas pero han necesitado muchas horas, mucho esfuerzo y mucho diálogo detrás", ha resumido el consejero de la Presidencia.