Veintincinco medios presentan demanda contra Ley de Publicidad institucional de PSOE y Vox
Veinticinco sociedades editoras de medios de comunicación de las nueve provincias de Castilla y León han presentado una reclamación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia autonómico para solicitar la suspensión cautelar de la modificación de la Ley de Publicidad Institucional aprobada este verano.
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Los demandantes argumentan que la norma podría contravenir la Constitución y generar un perjuicio directo a los medios más pequeños, al introducir restricciones que consideran arbitrarias en materia de contratación pública.
Según el comunicado conjunto difundido por los medios, el texto legal representa “una afrenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información por la pérdida de pluralismo informativo que conlleva”.
Los medios demandantes sostienen que la reforma fue aprobada por PSOE y Vox, con el apoyo de los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y del exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, “sin debate previo con el sector”, pese a las advertencias del Colegio de Periodistas de Castilla y León.
El Consejo Consultivo de Castilla y León emitió semanas atrás un dictamen en el que advertía de la posible inconstitucionalidad de cinco artículos de la ley.
En su análisis, el órgano señala que la norma autonómica introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, invade competencias estatales y establece limitaciones económicas arbitrarias, como el tope del 33 por ciento de ingresos que un medio puede recibir por publicidad institucional respecto a su volumen de negocio anual.
El Consultivo concluye además que la ley no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo dispuesto por la legislación estatal básica, como la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional.
También considera que los vetos a la contratación con medios condenados en sentencia firme, no contemplados en la normativa estatal, suponen una invasión competencial y un riesgo de nulidad jurídica.
Los medios firmantes han alertado de que la aplicación de la norma tendría un impacto directo sobre la pluralidad informativa y sobre la viabilidad económica de los proyectos provinciales e hiperlocales.
“Las restricciones de publicidad conducirán a la desaparición de medios locales y ampliarán la sombra informativa en una comunidad marcada por la despoblación y la falta de emprendimiento”, recoge el comunicado.
El Gobierno central, por su parte, ha renunciado recientemente a aplicar una medida similar a nivel estatal tras las negociaciones con las asociaciones de medios y colectivos periodísticos.
En Castilla y León, sin embargo, la norma sigue vigente a la espera de la resolución judicial, que determinará si debe ser suspendida de forma cautelar mientras se estudia su posible inconstitucionalidad.