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Primeros despidos de periodistas provocados por nueva Ley de Publicidad Institucional

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha lamentado esta tarde los primeros despidos de periodistas que han tenido lugar tras la aplicación de la nueva Ley de Publicidad Institucional.

Esta situación, a su juicio, seguirá agravándose salvo que se modifique dicha ley o la justicia conceda las medidas cautelares tras la reclamación judicial efectuada hace casi tres semanas por 25 medios de comunicación al Tribunal Superior de Justicia por contravenir la Constitución.

"Antes de que se aprobara esta ley, tanto nuestro Colegio como los representantes de los medios de comunicación alertamos a los grupos políticos de las consecuencias negativas que conllevaría su aprobación si no se acometían una serie de cambios en su articulado, una petición que fue ignorada y que ahora ha provocado los primeros despidos de periodistas, lo que además de la pérdida de puestos de trabajo acarrea una disminución de la pluralidad informativa en nuestra comunidad autónoma", ha señalado en un comunicado el decano del Colegio, Pedro Lechuga Mallo.

Esta ley fue aprobada con el voto a favor del PSOE, VOX y los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

El dictamen hecho en su momento por el Consejo Consultivo de Castilla y León recoge que esta ley no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, por lo que la introducción de vetos a la contratación con medios condenados mediante sentencia firme supone una invasión competencial que puede desembocar en su nulidad jurídica.

Este informe señala también que limitar al 33 por ciento de su facturación anual el dinero que un medio puede recibir a través de contratos de publicidad institucional carece de respaldo en la legislación básica estatal y es un procedimiento arbitrario que va en contra de la libre concurrencia de los medios a las campañas.

Asimismo, apunta que esta restricción también vulnera el principio de igualdad y la prohibición de discriminación y señala la invasión de competencias exclusivas del Estado en la subrogación de trabajadores vinculados a las concesiones de la televisión autonómica.