Castilla y León

Piden la retirada de simbología franquista a 167 municipios de Castilla y León

Jueves, 06 Octubre 2016 - 12:42h.
Actualizado a las 12:50h.

El abogado Eduardo Ranz extiende su petición inicial 

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El abogado Eduardo Ranz ha ampliado los derechos de petición de la retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura franquista a 167 municipios de las nueve provincias de Castilla y León, con el objetivo de que cumplan la Ley de Memoria Histórica, que en 2017 cumplirá diez años.

A los citados ayuntamientos, Ranz ha sumado 12 demandas judiciales ya admitidas a trámite, con lo que en Castilla y León hay 179 procedimientos legales, "que suman más que el resto de España en su conjunto", según ha subrayado Ranz en un comunicado.

Los ayuntamientos requeridos son corporaciones gobernadas tanto por el Partido Popular como por el PSOE e incluso por UPL.

Ranz ha agradecido la colaboración vecinal que ha tenido a la hora de conocer la simbología de exaltación, así como a las Juventudes Socialistas de Castilla y León, en la persona de su secretaria general, Andrea Carrascal, que le ha entregado un catálogo de vestigios elaborado por sus militantes.

También ha agradecido la colaboración del procurador de las Cortes de Castilla y León, Álvaro Lora, quien le invitó al pleno celebrado el pasado 21 de septiembre, en el que se trató la memoria histórica en Castilla y León.

"Para el caso que los municipios no cumplan con lo solicitado en el derecho de petición, dentro de 3 meses, que es el plazo que marca la ley, se procederá a la interposición de la demanda contencioso-administrativa", ha advertido Ranz.

Con demanda

En esta situación ya se encuentran otros doce municipios castellano-leoneses: Alcocero de Mola (Burgos), Burgos, Gavilanes (Ávila), León, Olmedo (Valladolid), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), San Leonardo de Yagüe (Soria), Ávila, Las Navas del Marqués (Ávila), Astorga (León), Fuentes de Oñoro (Salamanca) y El Burgo de Osma (Soria).

Ranz ha recordado que los ayuntamientos tienen dos obligaciones en materia de memoria histórica, según contempla la propia ley: realizar el catálogo de vestigios y su retirada inmediata.

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