Las Cortes apoyan que Junta gestione el IMV
Las Cortes de Castilla y León han apoyado este miércoles una iniciativa del PP en la que reclaman al Gobierno central que la Junta pueda gestionar la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
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Su entrada en vigor liberará los recursos destinados a la autonómica Renta Garantizada de Ciudadanía que irán "exclusivamente y en su totalidad" a servicios sociales.
Esta propuesta de resolución ha sido defendida por el procurador del PP Miguel García Nieto, quien ha afeado al Gobierno que no aplique el principio de igualdad por conceder a País Vasco y Navarra la gestión de esta nueva prestación y se lo niegue a una Comunidad como Castilla y León, que en su opinión gestiona bien "desde hace 20 años" la Renta Garantizada de Ciudadanía, y que además lo haya hecho "vía decretazo", con la fórmula de "Juan Palomo".
García Nieto ha añadido un punto a su texto inicial para pedir al Gobierno que rectifique la "supresión" del fondo de 1.000 millones para servicios sociales que había mencionado y de los que 58 millones iban a parar, según el PP, a Castilla y León.
Ha sido la procuradora socialista Nuria Rubio la que ha defendido una enmienda al texto inicial, para añadir el punto referido a que el excedente presupuestario que se genere por el fin de la Renta Garantizada de Ciudadanía por la aplicación del IMV, se dedique "exclusivamente y en su totalidad" a los servicios sociales, en contra del criterio manifestado por la patronal Cecale, que ha demandado en el Diálogo Social que parte de ellos ayuden a empresas afectadas por la crisis de la COVID.
La socialista ha manifestado su rechazo a la demanda del PP sobre los fondos no reembolsables, ya que ha considerado "una mentira" la exigencia respecto a unos recursos que, en parte, son "incondicionados" y la Junta de Castilla y León podrá utilizar para estos fines.
Por su parte, la procuradora de Ciudadanos Teresa Gago ha defendido otra enmienda que ha recibido el apoyo del resto de los grupos parlamentarios mayoritarios para que los demandantes de asilo sean también incluidos como potenciales beneficiarios de estas ayudas sociales.
En el caso de la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha lamentado que el PP y Cs estén "más preocupados de tener la patente que por su objetivo", que es "que las familias puedan comer y pagar facturas, no que la Junta pueda gestionarlo", por lo que ha considerado que los populares quieren "desvirtuar el IMV".
De hecho, Domínguez ha detallado que no es cierto que la RGC sea "prácticamente igual" al IMV y ha puesto como ejemplo que la cuantía máxima de ambos recursos son, en el caso de la primera 699 euros y en el segundo 1.015 euros, además de que se eliminan algunos de los puntos que implicaban la retirada, como por ejemplo un ingreso "de 50 euros de un familiar por el cumpleaños" o tener unas tierras sin actividad con un valor catastral de "1.000 euros".
Por último, también ha tomado la palabra en representación del Grupo Mixto el procurador de Vox Jesús García Conde, quien ha asegurado que esta ayuda "cronificará la dependencia del Estado" de muchas familias, además de quebrar el principio de igualdad entre autonomías, por lo que ha defendido que su gestión sea estatal.
En el turno que ha cerrado el debate, el proponente del PP ha lamentado que el IMV nazca "fomentando la desigualdad" entre autonomías y no vaya a ser hasta 2021 cuando el Gobierno se plantee el traspaso de su gestión a otros territorios, por lo que ha asegurado que el respaldo a País Vasco y Navarra tiene que ver con que el Gobierno "necesita sus votos" (PNV) y están "más preocupados por esquivar la Justicia que por hacer las cosas bien".
En la votación de esta iniciativa se han agrupado los puntos 1,3 y 4, que han contado con el apoyo de todos los procuradores excepto el representante de Vox, mientras que el punto referido a la demanda al Gobierno para modificar el reparto del fondo no reembolsable ha sido aprobado, pero con los apoyos del PP y Cs, mientras que el PSOE, Podemos y UPL han votado en contra.
