La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide siete años de prisión para el empresario Ulibarri
Imputado en la trama Gürtel, por la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte (Madrid)
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido una pena de prisión de siete años y un mes para el empresario leonés José Luis Ulibarri, por los contratos adjudicados a la trama Gürtel en Boadilla del Monte, según figura en el escrito provisional de acusación que el Ministerio Público ha presentado contra más de una veintena de procesados y otras trece personas jurídicas, entre las que se cuenta el Partido Popular.
Ulibarri se encuentra imputado por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en la trama Gürtel como consecuencia de la adjudicación a su empresa, UFC SA, de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte.
Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones SL., según la información publicada por La Nueva Crónica.
El auto indica que en el año 2005 el grupo de Boadilla del Monte dirigido por Correa Sánchez habría beneficiado desde el Ayuntamiento a la empresa gestionada por José Luis Ulibarri en un procedimiento abierto con el sistema de adjudicación de un concurso, siendo el precio de licitación 33.360.000 euros.
Según el juez "en ejecución de lo convenido con el grupo", Ulibarri Comerzana presentó por UFC SA una oferta con un precio de 35.028.000 euros y un plazo de ejecución de imposible cumplimiento conociendo que iba a resultar adjudicatario y que ese escaso tiempo fue clave al superar a la otra oferta que era superior en 4.072.000 euros.
Un millón de euros de comisión
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata ya indicaba en su auto que la comisión pactada entre Ulibarri y Correa ascendió a 1.000.000 euros.
La comisión pactada se habría encubierto de común acuerdo como pagos de servicios supuestamente prestados por la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones (CGI) reflejados en dos facturas por importe cada una de 500.000 euros (580.000 € IVA incluido) abonadas el 9 y el 10 de enero de 2006.
Luego ese dinero se distribuyó entre varios implicados de la trama.
Estas facturas fueron contabilizadas en UFC SA y se incorporaron a la declaración de IVA correspondiente al ejercicio 2006 de modo que se habría incrementado la cuota a devolver por ese tributo en 160.000 euros obteniendo así indebidamente una devolución por ese importe.
Para el juez estos hechos están acreditados por distintas declaraciones de testigos e imputados, la abundante documentación intervenida en los registros practicados en el seno de este y otros procedimientos, remitida por registros públicos, bancos, sociedades, etc.- y los informes periciales emitidos por las unidades de auxilio judicial. Así le imputa al empresario leonés los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias y delito contra la hacienda Pública.
