El Partido Castellano pide derogar nueva Ley de Publicidad Institucional, nacida del desconocimiento
El Partido Castellano–Tierra Comunera (PCAS–TC) ha reclamado la derogación de la nueva Ley de Publicidad Institucional aprobada por las Cortes de Castilla y León. A su juicio, nace del desconocimiento de sus promotores sobre la realidad metiática en la Comunidad.
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La norma, aprobada en junio por PSOE, Vox, Francisco Igea y Unidas Podemos, establece que la publicidad institucional que reciba un medio no podrá superar el 33 por cienot de su facturación anual.
Para el PCAS–TC, esta medida -en apariencia bienintencionada- amenaza, sin embargo, con destruir la pluralidad informativa y poner fin a la información de proximidad, esencial para la ciudadanía castellana, especialmente en el medio rural.
El partido castellanista ha recordado en un comunicado que la publicidad institucional honesta y bien gestionada contribuye a mantener la independencia de muchos medios locales y comarcales, ya que permite que sobrevivan sin depender de grandes empresas o intereses privados.
Muchos de estos medios -de pequeño tamaño, pero con una trayectoria independiente y cercana a la ciudadanía- se verán gravemente perjudicados por la nueva ley.
El PCAS–TC ha subrayado que el verdadero problema de la propaganda partidista de la Junta no está en estos medios locales, sino en las elevadísimas cantidades que cada año destina a la pseudotelevisión autonómica, gestionada por los grupos privados Promecal y Edigrup, que reciben más de 23 millones de euros anuales de fondos públicos.
La formación castellanista ha advertido de que la aplicación de esta ley podría provocar el cierre de una treintena de medios o, en el mejor de los casos, numerosos despidos en los que consigan resistir.
Esto supondría un golpe directo a la información de proximidad, a la pluralidad informativa y al empleo periodístico, agravando la pérdida de talento en la comunidad.
Asimismo, el PCAS–TC ha recordado que la publicidad institucional de las distintas administraciones cumple una función pública esencial, ya que permite difundir información de interés general —como campañas de salud, educación o seguridad—.
Limitarla injustificadamente perjudica a la ciudadanía, que perderá acceso a información útil sobre los servicios e iniciativas de la Administración.
Recurso
En este sentido, veintiséis empresas editoras de medios de comunicación han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitando la paralización de la ley.
También el Colegio Profesional de Periodistas ha mostrado su rechazo a la norma, denunciando la falta de diálogo previo con los principales actores del sector, incluidos los propios periodistas y medios regionales.
Además, el Consejo Consultivo ya advirtió en septiembre de varias incompatibilidades de la ley, entre ellas su posible contradicción con la Constitución.
El PCAS–TC ha señalado que lleva años defendiendo la creación de un reglamento justo y transparente sobre la publicidad institucional, que asegure un reparto proporcional según la audiencia de los medios, sus horas de programación o difusión y el número de profesionales que los integran.
Treinta y tres medios de comunicación pertenecientes a 29 empresas informativas de las nueve provincias de Castilla y León han llevado a los tribunales la Ley de Publicidad Institucional por vulnerar la Constitución.
Todos ellos han reconocido su “estupor” ante el comunicado de prensa publicado por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y que asegura que la modificación de su proposición de ley de la Ley de Publicidad ha sido fruto del acuerdo con los medios de comunicación, una aseveración que han calificado como falsa.
La Proposición de Ley registrada el pasado viernes cumple con el espíritu de la enmienda transaccional que el Grupo Parlamentario Socialista defendió durante el trámite parlamentario de la Ley y que el PP votó en contra dirigida a clarificar que el límite del 33 por ciento se aplica únicamente a la Junta, permitiendo que los medios reciban más fondos de otras administraciones públicas.
Los medios denunciantes han reiterado la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma mientras avanza la demanda por inconstitucionalidad.