El CERMI denuncia la invasión anárquica de las aceras por patinetes
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la inacción de las administraciones públicas ante la invasión anárquica de las aceras por parte de patinetes y otros elementos de movilidad urbana.
70.000 contribuyentes terminarán pagando sus hipotecas
Castilla y León pierde 483 trabajadores autónomos en octubre
“La proliferación e implantación de patinetes y el mal uso y aparcamiento de estos nuevos elementos de movilidad urbana, sean eléctricos o no, ponen en riesgo la seguridad y comprometen la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad”, ha expuesto el CERMI en la queja remitida a la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán.
Además, la plataforma representativa de la discapacidad en España ha advertido del peligro añadido que supone la velocidad elevada que alcanzan los nuevos elementos de movilidad y su falta de sonido, ya que puede hacer que las personas con discapacidad no se percaten de su presencia, y por tanto, les resulte más difícil evitar un posible accidente.
Asimismo, la entidad ha alertado en un comunicado de que el mal estacionamiento de estos elementos de transporte puede generar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
“Aparcar en el cruce de dos calles, en el acceso a un paso de peatones o estacionarlo cruzado en medio de la acera pueden convertirse en impedimento para transitar o producir un accidente de consideración”, recoge el escrito.
Todas estas situaciones vulneran la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Igualmente, en 2003, España estableció la obligación legal de que el 4 de diciembre de 2017 todos los bienes, entornos y servicios de interés tenían que ser plenamente accesibles.
Por todo ello, el CERMI ha solicitado “la intervención del Defensor del Pueblo para que investigue esta situación e inste a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a que impulsen medidas de regulación de estos vehículos orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad de toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad”.