CSI-F pide a las administraciones que paralicen el ERE en Tragsa
En Castilla y León se contemplan 180 despidos en una plantilla de 1.200 trabajadores
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) cree que aún se puede parar el ERE de TRAGSA, y ha reclamado hoy a las administraciones autonómicas, que participan del accionariado de la empresa pública, que “estén a la altura y que presionen al Gobierno central, como responsable último, para que paralice el ERE y los despidos de trabajadores.
La central sindical ha valorado hoy en un comunicado al ERE en Tragsa como una "decisión equivocada, injusta y sin sentido, que sólo esconde otra decisión política más que busca el desmantelamiento de la empresa y del sector público”.
El ERE que, finalmente ha permitido el Tribunal Supremo, después de un largo litigio judicial, plantea realizar más de 1.300 despidos en TRAGSA y TRAGSATEC, de una plantilla total de 3.800 puestos fijos y 2.900 eventuales en España.
En Castilla y León, con una plantilla de unos 1.200 trabajadores, TRAGSA prevé unos 180 despidos, de los que se han ejecutado 60.
Para CSI-F no hay razones objetivas para continuar con los despidos, porque la situación contable y productiva de la empresa ha dado beneficios en el último ejercicio, y porque la deuda del conjunto de las administraciones autonómicas a TRAGSA asciende a más de 460 millones, por los trabajos y los servicios realizados.
Además, para el sindicato independiente, la tarea de TRAGSA debe tratarse como “un servicio público necesario”.
Para el sindicato independiente CSI-F, “los trabajadores de TRAGSA no tienen la culpa de la deficiente gestión que se ha hecho en la empresa pública y, por supuesto, tampoco de la crisis económica de estos años”.
Responsables
CSI-F insiste en que, como ha ocurrido con los empleados públicos en general, SEPI y el Ministerio de Hacienda, que son los responsables finales de la gestión de TRAGSA, no pueden castigar a unos trabajadores, que no tienen la culpa de la incapacidad de unos políticos para gestionar bien una empresa pública como TRAGSA, que de una u otra manera lleva existiendo desde hace 75 años, y que además se necesita para abordar trabajos y obras públicas en todos los ámbitos, como infraestructuras o emergencias, y desde todas las administraciones territoriales, sean locales, autonómicas o ministeriales.
Lo que sí hay que exigir a las administraciones autonómicas, como accionistas minoritarios que son también, ha insistido CSI-F, es que se vuelquen en reclamar y encontrar soluciones al conflicto de TRAGSA, que intermedien y negocien con el Gobierno central, que defiendan el empleo que mantiene esta empresa en los diferentes territorios regionales, y que paguen las deudas que todavía tienen pendientes con TRAGSA, y que han ayudado a propiciar los despidos.
CSI-F recuerda que el mayor accionista de TRAGSA es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, pero que todo el accionariado está en mano de administraciones.
Por ello, CSI-F remarca que el Gobierno y las Comunidades Autónomas están obligados a buscar soluciones, “a no ser que lo que pretendan sea liquidar un recurso público, o convertir un empleo fijo que se suprime, en otro precario y temporal, que es lo que nos tememos en CSI-F, con la complicidad de las administraciones, lo que es algo indecente y reprobable, en este momento social tan difícil que vive España”.
