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Cien propuestas de empresas familiares y alimentarias para dinamizar el medio rural de Castilla y León

Las asociaciones Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) y la de Industrias Alimentarias de Castilla y León, Vitartis, que engloban a las principales empresas de la Comunidad, han diseñado una hoja de ruta con más de 100 propuestas, con soluciones de simplificación administrativa muy concretas y realistas, orientadas a dinamizar el medio rural.

Entre ellas figuran la eliminación de aquellas cargas burocráticas que impiden el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, el impulso al desarrollo de polígonos industriales ‘inteligentes’, la ampliación de las deducciones fiscales para la rehabilitación de viviendas y la creación de declaraciones responsables de primera ocupación parciales que posibiliten a las industrias iniciar su actividad antes de finalizar completamente sus instalaciones.

EFCL y Vitartis han plasmado estas propuestas en el documento ‘Medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León, que entregaron la semana pasada al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y que han trasladado a todos los partidos con representación parlamentaria, con la petición de que sean incluidas en sus programas electorales y puestas en marcha por el futuro gobierno que salga de las urnas tras las elecciones del 15 de marzo.

Elaborado con la colaboración con Andrés Victoria Ramos y Garrigues, el documento fue presentado en rueda de prensa por los presidentes de EFCL, Isidoro Alanís, y de Vitartis, Santiago Miguel, quienes coincidieron en destacar que estas propuestas tienen como fin dinamizar la actividad empresarial y atraer nuevas inversiones y proyectos a las zonas rurales, donde se ubica el 45% de las industrias agroalimentarias, que concentran el 35% del empleo del sector, ya que “sin empresas será imposible que nuestros pueblos puedan sobrevivir”.

El documento, que se estructura en torno a nueve ejes, aborda en primer lugar la necesidad de mejorar la tramitación del planeamiento urbanístico, para evitar la excesiva complejidad procedimental y la acumulación de trámites sectoriales que ralentizan de forma significativa la aprobación de los instrumentos de ordenación y, con ello, la actividad empresarial.

Frente a ello, las medidas de EFCL y Vitartis comprenden la homogeneización entre informes sectoriales para el desarrollo urbanístico industrial, la creación de fórmulas de coordinación entre órganos administrativos, una mayor eficacia en la tramitación de los informes y la reforma de la legislación respecto a los defectos de planeamiento.

Un segundo apartado tiene como objetivo el desarrollo de polígonos industriales que, con la crisis urbanística, quedaron prácticamente paralizados. Ante esta situación, los empresarios apuestan por un mayor protagonismo de la intervención pública en el desarrollo y gestión de polígonos industriales, a través del impulso a planes y proyectos regionales para crear suelo industrial, y con la implantación de fórmulas de financiación extrapresupuestaria que den a los ayuntamientos mayor flexibilidad económica.

También abogan por establecer mecanismos de implicación real de la ciudadanía y los promotores privados en la elaboración y aprobación de los planes y proyectos urbanísticos, y por incluir los usos industriales en las áreas de regeneración urbana.

EFCL y Vitartis consideran que el desarrollo industrial debe acompañarse de un crecimiento residencial acorde con las nuevas necesidades y proponen ampliar el concepto de la ‘smart city’ a los desarrollos industriales, para avanzar hacia la digitalización de los polígonos, incorporando herramientas tecnológicas que mejoren su eficiencia, sostenibilidad y capacidad de gestión.

Por otro lado, proponen la adopción de medidas que favorezcan la colaboración público-privada en las gestiones urbanísticas, para acelerar licencias y autorizaciones, permitiendo que entidades privadas o profesionales acreditados colaboren en tareas técnicas de verificación e inspección.

Otras medidas se dirigen a la mejora de la fiscalidad para favorecer la retención y atracción de talento, con una ampliación de las deducciones autonómicas para la adquisición o rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 3.000 habitantes, y con la bonificación completa en las transmisiones de empresas familiares en municipios pequeños y en las tasas autonómicas relacionadas con industria, energía, agroalimentación y explotaciones agrícolas o forestales.