CGT gana sentencia de lactancia acumulada para el personal funcionario
CGT ha ganado una sentencia que obliga a la Gerencia de Servicios Sociales a conceder a una funcionaria de parto gemelar el mismo número de días de lactancia acumulada por cada uno de sus hijos, ya que le había privado de un 88 por ciento de su derecho en relación al segundo hijo.
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Se consigue así el permiso de lactancia acumulada para personal funcionario de forma que se disfrute el mismo número de días en jornadas completas por cada hijo en casos de parto múltiple.
La sentencia sienta un precedente indiscutible, según ha subrayado en un comunicado el coordinador regional de CGT, Tomás García Rojo, a la hora de interpretar el permiso de lactancia acumulada.
"Pero es un caso más de evidente falta de sensibilidad en el ejercicio de este derecho que debería ser pacífico cuando las familias más lo necesitan", ha señalado.
¿Cómo puede ser que sea precisamente la Gerencia de Servicios Sociales, organismo dependiente de la Consejería de Familia –encargada de desarrollar el apoyo a las familias- la que haya interpretado este permiso de la forma que más las perjudica? (citamos literal): “dado que el permiso de maternidad dura de por sí un total de 16 semanas y puede verse ampliado en 2 semanas más por cada hijo nacido en un parto múltiple, la misma regla se pretende aplicar al permiso por acumulación del tiempo de lactancia, de tal manera que si la ampliación en 2 semanas respecto de un total de 16 semanas supone un incremento del 12,5 %, de la misma forma la acumulación de la lactancia se puede incrementar únicamente en un 12,5 % por cada hijo en los supuestos de parto múltiple.
Sin poder hacerles entrar en razón, y con sentencias previas para diferentes colectivos laborales que establecen que esa no es la interpretación del permiso, a la CGG no le ha quedado más remedio que llevar a juicio a la Junta para que las y los trabajadores puedan disfrutar de los derechos que legalmente tienen.
Este proceso le ha costado a la ciudadanía un pago en costas de 1.200 euros, sin contar el tiempo de trabajo del personal que ha tenido que defender a la Administración en su injusticia.
"Esperamos que la Junta se ponga las pilas y adapte su normativa a las sentencias que se vienen ganando desde hace tiempo", ha reclamado.
