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Soria, entre provincias afectadas por pizzas clandestinas

Soria es una de las veintidós provincias españolas donde establecimientos de hostelería, catering, pizzerías, campings, piscinas, organización de eventos y particulares se han visto afectados por la existencia de pizzas elaboradas y comercializadas presuntamente de forma clandestina.

Soria, entre provincias afectadas por pizzas clandestinas

La Guardia Civil ha detenido el pasado 10 de febrero a G.P.S., varón de 46 años y C.E.C. mujer de 45 años, siendo ambos de nacionalidad argentina y vecinos de la localidad zaragozana de Azuara, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, según ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
Las provincias en las que hasta el momento se han podido comprobar la recepción de este producto serían Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Girona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza.
La Guardia Civil ha constatado que la mercantil comercializaba, mediante publicidad y venta por Internet y a través de teléfono móvil, pizzas de diversas variedades y bases para pizzas, y ha logrado la plena identidad del director comercial.
Además ha confirmado que el ámbito de comercialización abarcaría la totalidad del territorio nacional, no disponiendo de documentación que acreditase el origen autorizado del producto, así como las condiciones higiénicas en las que se elaboraban estos alimentos, lo que podía suponer un riesgo para la salud pública.
Así mismo ha determinado que estas pizzas estaban siendo elaboradas por una persona, de nacionalidad argentina, en la localidad de Azuara, donde no existía ninguna empresa inscrita en el correspondiente Registro Sanitario.
Para la distribución de algunos envíos, se utilizaba el servicio de una empresa de transporte de paquetería, que entre los meses de enero de 2019 y febrero actual había repartido a 50 establecimientos de 22 provincias españolas, arrojando un total de más de 12.000 kilogramos, transporte que se realizaba en vehículos que no reunían las condiciones necesarias (frigorífico o isotermo).

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