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Investigados dos vecinos de San Leonardo por caza furtiva

La Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria (PACPRONA) hn investigado a dos varones como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por, presuntamente, cazar un jabalí macho sin ningún tipo de autorización.

Ante el incremento de los hechos de caza furtiva en las comarcas de San Leonardo de Yagüe y el Burgo de Osma, desde la Guardia Civil se llevaba meses realizando en la zona diferentes dispositivos antifurtivismo, los cuales culminaron el pasado día 28 de abril, cuando en el coto de caza de la localidad de Vadillo (Soria), estas dos personas fueron sorprendidas por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Soria tratando de recoger una pieza de jabalí macho que habían abatido la noche anterior, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

En vista de lo ocurrido, se procedió a la investigación penal de los citados furtivos, los cuales cuentan con numerosos antecedentes penales, tanto por temas de caza furtiva como por otros delitos.

Se han instruido las correspondientes diligencias penales, que fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de El Burgo de Osma y a Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.

Días después de estos hechos, una de las personas investigadas, fue interceptada junto con otras cuatro personas cuando transportaban en el vehículo de su propiedad una cabeza de corzo macho sin precintar, decomisándoles el citado trofeo de caza, así como un rifle y numeroso material específico para la caza.

Por este hecho, estas personas fueron denunciadas ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente por varias infracciones administrativas a la normativa sobre caza.

Este tipo de delito está castigado en nuestro Código Penal con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de dos a cinco años.

En cuanto a las infracciones administrativas, se enfrentan a infracciones graves a la Ley de caza de Castilla y León, cuyas multas van de desde los 2.000 euros a los 10.000 euros, con la posibilidad incluso de la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.

 

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