Los jubilados reciben más de lo que les correspondería
La arquitectura actual del sistema contributivo de pensiones de jubilación en España implica que, en la gran mayoría de los casos, el pensionista recibe más de lo que ha aportado en su vida laboral, financiándose la diferencia a través de impuestos o más deuda pública.
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También muestra importantes inequidades a la hora de comparar los distintos casos que se presentan de pensionistas que se han jubilado a una determinada edad según sus años cotizados ya que no existe un criterio equitativo para adelantar o retrasar la edad de jubilación.
Estas son dos de las principales conclusiones que se desprenden del exhaustivo informe “Factor de Equidad Actuarial del sistema contributivo de pensiones de jubilación español” presentado esta semana por el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) y disponible para su descarga completa desde la página web del organismo a través de este enlace.
Se trata del segundo informe elaborado por el organismo en el marco de la monitorización de la Seguridad Social española que inició en 2019.
Gregorio Gil de Rozas, Actuario Colegiado, vocal de la Junta de Gobierno del IAE y responsable de Pensiones del IAE, ha señalado en un comunicado que “este estudio se ha llevado a cabo con el objetivo de analizar la relación entre las cotizaciones realizadas por un individuo y las prestaciones que recibe como pensión de jubilación en su parte contributiva, facilitando información exacta y veraz tanto a los ciudadanos como a las autoridades que tienen que tomar decisiones en la materia, en el preciso momento en el que se encuentran rediseñando los Acuerdos del Pacto de Toledo para sacar adelante la tan ansiada reforma de las pensiones”.
Para ello, tal y como indica Gil de Rozas, “El IAE, ha definido y aplicado el concepto de Factor de Equidad Actuarial (FdEA), que permite poner en relación el valor actuarial de lo que, en conjunto, recibe una persona como jubilada y el valor actuarial de lo que, en conjunto, aportó como trabajador. El valor promedio ponderado que arroja el informe en el escenario de bases medias es de 1,51, lo cual implica que el sistema contributivo de jubilación devuelve un 51% más de lo que recibe; teniendo que financiarse esta diferencia bien a través de impuestos, bien a costa de incrementar la deuda pública
Para poner en contexto la situación, un FdEA inferior a 1 denota un sistema de pensiones en el que el jubilado percibe una prestación que, en valor actual actuarial, es inferior a lo que aportó.
Si el FdEA es igual a 1 encontramos lo que técnicamente se denomina un sistema de pensiones “actuarialmente justo”: el valor actual actuarial de la pensión que percibe el jubilado coincide con el de las aportaciones que realizó al sistema.
Finalmente, un FdEA superior a 1 indica que nos encontramos ante un sistema de pensiones generoso en términos relativos, en el que la persona recibe, en valor actual actuarial, más de lo que aportó.
Si utilizamos un escenario con un perfil de cotizaciones cóncavo, similar al de la evolución tipo de los salarios, el resultado es aún más llamativo, ya que el valor promedio del FdEA se situaría en 1,89.
Inequidades del sistema
El informe del IAE muestra que el sistema presenta también inequidades difíciles de entender.
Por ejemplo, este año, una persona que acumulase 38 años cotizados a los 65 años podría jubilarse a dicha edad.
Sin embargo, si decidiese prolongar su vida activa hasta los 69 años, acumulando 42 cotizados, se beneficiaría de un premio del 4 por ciento por cada año de demora.
Una persona con 65 años y 37 años cotizados que decidiese seguir trabajando un año más que en el ejemplo anterior, hasta los 70 años y acumulando 42 cotizados, sólo recibiría un premio del 2,75 por cada por cada año demorado.
Nos encontramos, pues, con que el premio recibido por retirarse un año más tarde, incluso aunque, como en este ejemplo, los años cotizados resultantes fuesen los mismos (42), sería inferior al premio de quien se jubiló con un año menos.
El modelo presenta, por tanto, inequidades, lleva a arbitrajes y se está poniendo en peligro a sí mismo.
Como explica Enrique Devesa, Actuario Colegiado y coordinador técnico del Estudio, “como norma general, se aprecia que los mayores valores del FdEA se alcanzan para edades de jubilación intermedias, entre los 65 y 67 años, y con un número bajo de años cotizados, entre 33 y 37. Esto parece indicar que no existen incentivos suficientes para adelantar ni para retrasar la edad de jubilación, lo que se traduce en que las penalizaciones por adelantarla y las bonificaciones por retrasarla están mal calibradas. Tampoco parece haber demasiados incentivos para aumentar el número de años cotizados”.
El camino hacia la solución
Se podrían resolver las inequidades que presenta el sistema contributivo de pensiones y conseguir una relación más equitativa entre aportaciones y prestaciones actuando sobre tres elementos:
- El tope del 100% del coeficiente por años cotizados
- Las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación
- Las bajas bonificaciones por retrasar la edad de jubilación
Con esto, y haciendo que, al menos, la escala por años cotizados respondiera a un cálculo actuarial y sin el límite superior del 100 por ciento -si bien sería lógico que el tope de la pensión máxima siguiera funcionando-, se podría mantener el sistema actual.
Respecto a la edad de jubilación, bastaría con que las penalizaciones y bonificaciones por jubilación a edades distintas de la ordinaria se calcularan de forma actuarialmente neutral -excepto por género- sin hacerlas depender de los años cotizados.
El informe del IAE indica que hay margen de mejora para calibrar el sistema y hacerlo más equitativo. Para ello, en materia de pensiones, los poderes públicos y legislativos deberían tomar dos decisiones estratégicas:
1.- Si existe la posibilidad de que la economía crezca por encima del 1,59 por ciento, el sistema mejoraría su sostenibilidad sin empeorar la suficiencia. Para ello, habría que detallar las medidas que se van a tomar para conseguir un mayor crecimiento del PIB.
El valor real del PIB que permitiría obtener la equidad actuarial en el sistema de pensiones es del 5,67 por ciento durante los próximos 40 años, cifra muy superior a todas las previsiones realizadas por las distintas instituciones sobre el crecimiento de nuestra economía.
También se puede alcanzar un FdEA más bajo, incrementando el tipo de cotización, si bien es conocido el problema que esto podría trasladar al mercado laboral.
2.- La segunda decisión afecta a las inequidades del sistema y su nivel. Por ello, sería necesario acordar el patrón lógico que debe seguir el sistema de pensiones a la hora de incentivar o desincentivar las jubilaciones en función de la edad biológica y los años cotizados al sistema, cómo queremos que el sistema “fluya” y posteriormente acordar cuáles son las irregularidades o rugosidades dentro de ese patrón que se consideran justas y/o necesarias y/o aceptables.
Dos grandes decisiones que, además, deben estar adecuadamente informadas para que quien las tome y la propia sociedad sean plenamente conscientes de las consecuencias.
El análisis del IAE concluye que el conjunto de estas dos decisiones permitirá a todos los agentes relacionados juzgar la política de pensiones desde parámetros mensurables y estimaciones de impacto que pueden contrastarse con la realidad año a año, para así observar en qué medida el sistema responde a lo esperado de él o se desvía.
