Subdelegación convocará reunión para analizar problemas de Motorbeach 2026
La Subdelegación del Gobierno de Soria convocará "lo antes posible" una reunión para analizar los problemas registrados en el festival Motorbeach 2026 y el estado en el que ha quedado la zona del embalse, una vez recopilada toda la información.
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Participarán las administraciones y organismos que intervinieron en la concesión de autorizaciones y en la emisión de informes: el Ayuntamiento de Vinuesa, la Junta de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero, además de la propia Subdelegación del Gobierno, junto con la Guardia Civil, según ha avanzado este lunes.
En la reunión previa de coordinación de seguridad celebrada en Vinuesa se trabajó con una previsión ofrecida por la organización de unas 4.000 personas, una cifra que, a la vista del desarrollo del festival, fue superada ampliamente.
En la entrada del festival, se hablaba de ocho mil asistentes.
La principal novedad de ayer domingo fue la formulación de otras 26 denuncias a personas que permanecían acampadas una vez finalizado el festival y realizada la salida de las personas asistentes, una hora establecida en torno a las 17:00 horas.
La Guardia Civil mantuvo el dispositivo durante toda la jornada para garantizar la seguridad vial y facilitar que la salida de asistentes y vehículos causara los menores problemas posibles en la circulación.
Durante la madrugada del sábado al domingo se registraron dos nuevos accidentes.
A las 3:55 horas, una motocicleta sufrió una caída en el interior del recinto. El conductor resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Santa Bárbara de Soria. La Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro.
Esa misma madrugada, otra persona resultó herida de carácter menos grave en otro accidente dentro del recinto.
A estos hechos se suma el fallecimiento, el sábado, de la joven de 24 años, natural de Asturias, que había resultado herida de extrema gravedad el viernes en un accidente de motocicleta ocurrido también dentro del recinto.
El balance acumulado conocido hasta ahora se sitúa en torno a 435 denuncias administrativas desde el inicio del festival, la mayoría relacionadas con infracciones de tráfico y con las condiciones administrativas de las motocicletas.
El jueves se realizaron 65 inspecciones de motocicletas, que dieron lugar a cerca de 100 denuncias por carecer de matrícula, permiso de circulación, seguro obligatorio o ITV en vigor. También se instruyeron diligencias por cuatro presuntos delitos contra la seguridad vial cometidos por menores que conducían sin la habilitación correspondiente.
Durante esa primera jornada se formularon, además, seis denuncias por acampadas no autorizadas, seis por tenencia de drogas, dos por armas y una por daños a la cubierta vegetal en zona de monte.
El viernes se formularon 179 denuncias de tráfico y se instruyeron diligencias por 16 presuntos delitos contra la seguridad vial. También hubo cuatro denuncias por drogas, una por porte de arma blanca, una por desobediencia y dos actuaciones relacionadas con motos de agua.
El sábado se contabilizaron otras 101 denuncias de tráfico, tres relacionadas con embarcaciones, una con una moto de agua, una por conducir después de dar positivo en drogas y otra por desobediencia. Una persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tras dar positivo en alcoholemia.
Hasta el sábado se habían instruido diligencias por 21 presuntos delitos contra la seguridad vial: cuatro el jueves, 16 el viernes y uno el sábado.
Tres personas han denunciado el robo de sus motocicletas durante el evento.
También ha aparecido una motocicleta quemada y se ha localizado una furgoneta que había sido sustraída en Madrid el pasado 3 de julio. Se ha contactado con su propietario para que pueda recuperarla.
La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para comprobar si el desarrollo del festival se ajustó a las condiciones fijadas en las autorizaciones y determinar, en su caso, posibles responsabilidades en materia de seguridad de las personas, seguridad vial, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente.
La Inspección de Trabajo investiga también si las personas que prestaban servicio para la organización estaban correctamente dadas de alta y cumplían las obligaciones laborales, de contratación y de Seguridad Social.