Hacienda tramita cesión, que no reversión, de terrenos de antigua cárcel de Soria

Así lo ga expuesto María del Mar Almajano, nueva responsable de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno, en la que ha presentado eel informe de situación de este departamento de la Administración General del Estado en la provincia.

El Ayuntamiento de Soria hizo votos hace años, con Carlos Martínez como alcalde, por la reversión de los terrenos de la antigua cárcel, enclavada en la calle Las Casas.

Así lo aseguró en declaraciones a los periodistas, acompañado por el entonces subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa, en el inicio de las obras de explanación donde se ha ubicado el nuevo centro penitenciario, en el paraje de La Laguna.

A preguntas de los periodistas, Martínez aseguró que la reversión de los terrenos a la ciudad de Soria que en la actualidad están ocupados por el Centro Penitenciario en la Calle Las Casas “progresa adecuadamente. Tenemos dos años por delante hasta que se produzca la desafectación de los terrenos, y no dudamos de que pasarán a ser propiedad del Consistorio".

"Se ha obtenido de la SIEP el compromiso del cierre definitivo del actual centro penitenciario de Soria una vez que se ponga en marcha el nuevo centro, lo que supondrá la recuperación para la ciudad de un espacio vital, con el objetivo de que la vivienda que se pueda construir sea de protección pública. Como todos recordarán, en el convenio firmado con la SIEP, ésta se compromete a colaborar con el Ayuntamiento de Soria en la reversión de los terrenos de la actual prisión”, reiteró.

La cárcel de la calle Las Casas se construyó en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Soria al Gobierno de España en la época franquista.

La reversión de terrenos es el derecho legal del propietario original a recuperar un bien expropiado si el Estado o la administración no lo destina al fin público que justificó la expropiación, si la obra nunca se ejecuta, o si sobra terreno una vez terminada.

Una cesión de terrenos es un acuerdo legal mediante el cual el propietario de un terreno (cedente) transfiere sus derechos, posesión o titularidad a otra persona o entidad (cesionario).

La cesión a administraciones públicas es la entrega obligatoria de suelo al Ayuntamiento o Estado para construir infraestructuras públicas, zonas verdes, viales o vivienda social, un requisito indispensable en el desarrollo de nuevos planes urbanísticos.

En la cesión de uso, el propietario original conserva la titularidad del terreno, pero transfiere legalmente el derecho a que otra persona lo utilice o explote temporalmente.

Catastro

Sobre la Gerencia Territorial del Catastro, se informó de los trabajos que se desarrollan en suelo urbano y rústico en relación al valor de referencia, que sirve de base para determinados tributos vinculados a operaciones inmobiliarias. También depura titularidades que figuran en investigación y registros de Número de Identificación Fiscal (NIF) incompletos, actuaciones que permiten mejorar la calidad de los datos catastrales.

La Delegada de Economía y Hacienda puso de manifiesto el inicio de trabajos de actualización en el municipio de El Royo. Esta actuación busca incorporar a las bases de datos del Catastro obras nuevas, reformas y ampliaciones no declaradas por los contribuyentes, de forma que la información catastral se ajuste mejor a la realidad física de los inmuebles.

Intervención

En el ámbito de la Intervención Territorial, la Delegación mantiene los controles previstos en el Plan de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas y en el Plan de Control Financiero Permanente para 2026, aprobados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Estos controles forman parte de la función fiscalizadora y de seguimiento del uso de fondos públicos.

Secretaría General

En el área de Patrimonio del Estado, la Delegación mantiene la depuración del Inventario de Bienes y Derechos de la Administración General del Estado, así como los procedimientos de investigación de fincas, venta directa y abintestato. Este último término se refiere a los expedientes sobre bienes de personas fallecidas sin testamento y sin herederos conocidos, que pueden llegar a incorporarse al patrimonio público según la normativa vigente

La Comisión analizó también las novedades en materia de Clases Pasivas, el régimen que gestiona pensiones de determinados funcionarios del Estado. En 2026, las pensiones públicas se revalorizan, en términos generales, un 2,7 % respecto al importe vigente a 31 de diciembre de 2025. El límite máximo para las pensiones públicas causadas en 2026 queda fijado en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales.

María del Mar Almajano explicó además los nuevos criterios sobre el Complemento de Maternidad en pensiones de Clases Pasivas causadas entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. Tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este complemento se considera individual, por lo que pueden recibirlo los dos progenitores si cada uno cumple los requisitos exigidos. Las personas que recibieron una denegación por el llamado criterio de unicidad deberán presentar una nueva solicitud.

El informe abordó también el Complemento para la reducción de la brecha de género, en vigor desde el 4 de febrero de 2021. El Tribunal Supremo ha determinado que, por aplicación del derecho de igualdad, no se pueden exigir a los hombres requisitos diferentes de los exigidos a las mujeres para acceder a este complemento. En este caso, el criterio de unicidad se mantiene vigente.

En Tesoro y Caja General de Depósitos, la Delegación tramita altas y modificaciones de datos bancarios en el Fichero Central de Terceros, aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias, así como la constitución, cancelación y devolución de depósitos en efectivo y de garantías, entre ellas avales y seguros de caución, a través del sistema electrónico correspondiente.