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Expedidas 556 denuncias por incumplir normativa Covid

Según los registros de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, las denuncias formuladas a fecha de hoy por incumplir la normativa vigente en estos momentos en materia de salud pública y para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ascienden a 556.

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Estas han sido expedidas por: Guardia Civil, 360; Policía Nacional, 87; Policía Local, 84; e Inspección del Servicio Territorial de Sanidad, 26. En cuanto a la competencia para tramitar estas denuncias, a la Junta de Castila y León le corresponde 103 (14 a la Delegación Territorial y 89 al Servicio Territorial de Sanidad) y a la Administración Local (ayuntamientos) 454.

De las 103 denuncias que, hasta el momento, deben tramitarse por la Junta de Castilla y León, ya se han incoado 79 expedientes, de los que 70 corresponden al ámbito del Servicio Territorial de Sanidad y 9 a la propia Delegación Territorial.

En todos los casos, el órgano competente para la resolución de los expedientes sancionadores es la delegada territorial.

Las 89 denuncias que en este momento tramita el Servicio Territorial de Sanidad son: 9 por incumplimiento de aislamiento, 11 por incumplimiento de cuarentena, 20 por no usar mascarilla según la normativa, 17 por fumar sin cumplir las limitaciones establecidas (13 sin guardar la distancia, 3 por fumar en terraza y 1 por fumar en un mercadillo), 28 por reuniones de más de seis personas en vivienda (en tres viviendas distintas), 2 por incumplir la limitación espacial en piscinas, 1 por incumplir aforo, distancia y uso de mascarilla y 1 por no respetar la restricción de entrada en municipio confinado (Aranda de Duero).

De los expedientes ya resueltos, dos son por incumplimiento de aislamiento (personas con PCR positiva), con sendas sanciones de 3.001 euros, uno por incumplimiento de cuarentena, de 1.000 euros; tres de 60 euros por fumar sin cumplir con la distancia marcada por la normativa y uno de 80 euros por mal uso de la mascarilla.

Las 14 que se tramitan desde la Delegación Territorial se corresponden a: 6 por incumplimiento de horario de cierre, 4 por incumplimiento del toque de queda (estas se trasladan para su tramitación a la Agencia de Protección Civil), 2 por incumplimiento de deber de colaboración y 2 por celebración de actividad prohibida o suspendida.

De estas, ya se han resuelto siete expedientes, ascendiendo una denuncia a 3.000,01 euros, por la celebración de una actividad prohibida o suspendida (celebración de las ‘no fiestas’ en un local de una asociación cuando se había prohibido por el ayuntamiento) y seis por un importe de 100 euros: cinco por incumplimiento de horario de cierre y una por incumplimiento de deber de colaboración.

Competencia de los ayuntamientos

Recordamos que el Decreto-Ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (que modifica el Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León), establece que “de forma específica, y sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones públicas, corresponde a cada Ayuntamiento la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores y de los recursos administrativos, debidos al incumplimiento por los ciudadanos de la obligación del uso de las mascarillas o uso inadecuado de las mismas en las vías, lugares públicos, espacios al aire libre y en los vehículos, cuando el uso sea obligatorio, dentro de su término municipal…”.

En la legislación sectorial sanitaria, los alcaldes, entre otros órganos, tienen reconocida la condición de «autoridad sanitaria», como se contempla expresamente en el artículo 70.1 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León y en el artículo 41.1 de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León.

De las hasta ahora expedidas, aquellas que deben tramitar los ayuntamientos se han formulado por: mal uso de mascarilla, 388; mal uso de la mascarilla e incumplimiento de la distancia de seguridad, 33; incumplimiento de la distancia de seguridad, 9; celebración de una fiesta en una vivienda sin capacidad para adoptar las medidas sanitarias, 9; no usar mascarilla en vehículo cuando es obligatorio, 7; por estar en peñas cuando estaba prohibida su apertura, 6; mal uso de mascarilla y desobediencia y resistencia a la autoridad, 1; mal uso de la mascarilla e incumplimiento de distancia de seguridad en autocar, 1.

Ratificaciones judiciales

Hasta la fecha, la delegada territorial, como autoridad sanitaria en la provincia, ha tramitado 15 solicitudes de ratificación judicial de medidas de cuarentena o aislamiento, todas ellas autorizadas, la última en la tarde de ayer.

Desde la Delegación Territorial se destaca la magnífica colaboración proporcionada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria y los juzgados de Guardia y de lo Contencioso Administrativo de Soria, que están resolviendo con enorme celeridad las emergencias planteadas por estas solicitudes, así como la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargados de darle ejecución.

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