La Junta financia sobrecoste en viviendas de protección pública en San Pedro Manrique
La Junta de Castilla y León financiará sobrecoste en varias promociones de viviendas públicas, entre ellas en San Pedro Manrique.
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La Junta de Castilla y León ha celebrado este viernes un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se han aprobado varios acuerdos relativos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para completar la financiación de promoción de viviendas protegidas en varios municipios de la Comunidad, impulsar la gestión forestal sostenible y financiar la instalación de sistemas de detección y vigilancia de incendios en León y Palencia.
Estos acuerdos se han formalizado en el día de ayer al objeto de completar su ejecución presupuestaria en 2024.
El primero de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, supone una inversión de 1.034.847 euros destinada a la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL) para financiar el sobrecoste producido por el incremento de los precios de construcción en la promoción de varias viviendas en los municipios de Medina de Rioseco, Carracedelo, Doñinos de Salamanca, Tudela de Duero, San Pedro Manrique, Carbonero el Mayor y Santa Marina del Rey.
La Junta de Castilla y León, a través de SOMACYL, promueve viviendas de protección pública destinadas al alquiler social con opción a compra y promociona viviendas para la venta a jóvenes menores de 35 años, todo ello con la finalidad de garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas que lo necesiten en el medio rural.
Bajo esas premisas, se están ejecutando varias promociones de viviendas en el ámbito rural para destinarlas a la compra con una reducción del 20 % del precio máximo de venta en calificación para adquirentes menores de 35 años, en Medina de Rioseco (5), Carracedelo (32), Doñinos de Salamanca (19), Tudela de Duero (17), San Pedro Manrique 2ª fase (8), Carbonero el Mayor (11) y Santa Marina del Rey (6).
De acuerdo con las condiciones actuales de incremento de precios en la construcción y que los resultados estimados en la ejecución de las obras van a sufrir un sobrecoste, se requiere de una aportación dineraria que permita que las viviendas sigan ofertándose a los colectivos de especial protección a los que van destinadas al precio legal establecido, a la vez que evite una pérdida patrimonial y el consiguiente endeudamiento de la empresa pública.