El PSOE denuncia la desprotección de las hermanas Julia y Encarna
La Mesa del Congreso de los Diputados ha vetado el debate sobre la proposición de Ley para modificar la Ley de Pensiones y evitar que se repitiese el caso de las dos hermanas alojadas en la residencia de Matamala de Almazán que han tenido que separarse para que a una de ellas no le quitasen la pensión no contributiva de 380 euros.
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El PSOE pidió en septiembre que los familiares con pensión no contributiva pudieran convivir en la misma residencia de ancianos y no considerar la residencia de ancianos como un mismo domicilio de unidad familiar.
Ahora mes y medio después, la Mesa del Congreso ha vetado el debate sobre esta proposición de Ley, porque la modificación le costaría 13 millones y medio de euros al Gobierno para 400 personas que están afectadas por este error de interpretación que permite la Ley de Pensiones.
“Es una cantidad ridícula en el global de las arcas del estado y que deja a 400 personas y todas las que vengan en una situación grave de desprotección, teniendo que pasar las familias el fin de sus días separados como el caso de Julia y Encarna en Soria”, ha lamentado hoy en rueda de prensa el diputado socialista por Soria, Javier Antón.
Antón ha señalado que la revisión de las pensiones no contributivas y, en concreto, de situaciones como las de las hermanas Julia y Encarna, se debe a una orden ministerial emitida a cada comunidad autónoma, en este caso a la Junta de Castilla y León.
A su juicio, se trata de recaudar un puñado de millones a costa de los más vulnerables.
El ex-alcalde de Almazán, Ángel Martín Vizcaíno, albacea de una de las hermanas afectadas y promotor de la recogida de firmas en Change.org., ha deseado que el Congreso tenga en cuenta las 135.000 recogidas para cambiar la ley.
En este sentido ha apuntado la existencia de una sentencia en Castilla-La Mancha que sienta jurisprudencia sobre un caso similar y que da la razón a tres hermanos.
Domicilio
El Congreso de los Diputados recibió ayer una proposición de Ley para conseguir que se excluya como domicilio a las residencias de la tercera edad, tratando de evitar casos como el sucedido en Matamala de Almazán donde dos hermanas han tenido que separarse en el ocaso de sus vidas para no perder una pensión no contributiva de 380 euros, puesto que la unión de ambas pensiones sobrepasaba la cifra de 8.900 euros.
Julia y Encarna, dos hermanas de 93 y 83 años, decidieron vivir juntas los últimos años de su vida en la residencia de la tercera edad de Matamala de Almazán pero se vieron obligadas a separarse por una interpretación restrictiva de la Ley de Pensiones que ha hecho la Junta de Castilla y León, que ha considerado que vivían en el mismo domicilio.
La Junta de Castilla y León les notificó que ambas vivían en el mismo domicilio y superaban los 8.900 euros anuales por lo que se iba a proceder a retirar la pensión de Encarna, motivo por el que Julia, con 93 años, tuvo que regresar a Madrid.