NI UN PASO ATRÁS, NI PARA COGER iMPULSO, es la frase que resume mejor la visita realizada a Soria por la directora general de Instituciones Penitenciarias para reafirmar la voluntad del Gobierno de España de ejecutar la nueva cárcel junto a Valonsadero, haciendo oídos sordos a la voluntad mayoritaria de la ciudad, expresada en un pleno ordinario celebrado hace ahora un año.
Esta política de hechos consumados pone en evidencia también la capacidad política de nuestros gobernantes, carentes del suficiente liderazgo como para reconducir la situación y hacer cumplir la voluntad mayoritaria del pueblo al que dicen representar. Lo que iba a ser un traslado del centro penitenciario se ha convertido en un camino repleto de mentiras y medias verdades, en la que la clase política local sale muy mal parada. Porque si en marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones locales, Instituciones Penitenciarias había decidido ya -lo dice el Gobierno de España en sede parlamentaria- que la nueva cárcel se haría junto a Valonsadero, alguien tendrá que explicar para que tantas promesas infundadas, asegurando que la cárcel no se haría junto a Valonsadero si los sorianos no querían y para que tantas visitas de altos cargos de la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias (SIEP) asegurando en sus declaraciones, después de las elecciones locales, que la ubicación no estaba decidida. Cuando la clase política falta a la verdad -miente- al pueblo sólo le queda dos soluciones: manifestarse en la calle o darles la espalda en la única consulta obligada que el sistema permite: las elecciones.