El ayuntamiento de soria ha dado un paso adelante para mejorar su transparencia en la gestión municipal en diferentes aspectos, entre ellos las propias percepciones de los cargos públicos, más que nunca en el ojo del huracán de la diatriba política merced a la crisis económica y las necesidades que aprietan al contribuyente.
Una parte de la clase política se ha convertido en España en una casta profesional que supone 720 millones de euros anuales al Erario Público. La cifra no es baladí y exige un esfuerzo de transparencia pero también de austeridad y racionalidad. Conviene en primer lugar mejorar la transparencia para que los ciudadanos sepan como están remunerados sus representantes públicos y puedan valorar si el dinero está mal, bien o mejor empleado. Pero queda mucho camino por recorrer y la asunción del nuevo código del Buen Gobierno Local aprobado en diciembre por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es un primer paso para que, de una vez por todas, los partidos políticos se pongan de acuerdo a la hora de ordenar los sueldos y prebendas en las diferentes administraciones y terminar con el libre albedrío que hoy reina en el Estado de las Autonomías. Cada Parlamento autonómico, Diputación provincial o Ayuntamiento fija hoy el sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo, lo que provoca claras incoherencias, desde alcaldes que ganan más que el presidente del Gobierno o corporaciones endeudadas hasta las cejas que pagan sin demasiada justificación generosas dietas a sus representantes por gestionar la ruina.