Se cumple este año el 30 aniversario de la Constitución, la más larga de nuestra historia constitucional y la que ha enmarcado el mayor período de progreso social y político de España.
Tres décadas de vigencia es tiempo suficiente para pensar en reformas que, el tiempo y la experiencia, hacen necesarias para adaptarse a la actual realidad del país. La reforma que se debe emprender debe ir más allá de las apuntadas en la pasada legislatura por el Gobierno de España, centradas en la sucesión de la monarquía parlamentaria, a fin de evitar la discriminación por sexo existente en este momento en la Carta Magna, y la referida a la función del Senado, que sigue hoy muy lejos de ser esa cámara de representación territorial que se le presume. Es evidente que los partidos políticos deben afrontar una serie de reformas del texto constitucional y hacerlo siempre con el mismo grado de consenso político que hizo posible su redacción. Es imprescindible que se profundice en la independencia de la Justicia, para que sea real la separación de poderes; es aconsejable que se reforme la ley electoral para extender la democracia en los partidos políticos y que los ciudadanos se sientan más representados que ahora -listas abiertas, sistema electoral-; es necesario que la Cámara Alta se convierta, de una vez por todas, en reflejo del Estado de las Autonomías. Son algunos asuntos pendientes que deberían abordarse ya desde un clima de concertación política, social y parlamentaria. Estas reformas contribuirían, sin lugar a dudas, a mejorar la convivencia entre los españoles y los territorios.