LA PROPUESTA DEL MINISTERIO de Economía y Hacienda de recortar la financiación estatal a los ayuntamientos españoles, ha suscitado estos días un río de reacciones y rechazos en los responsables de las corporaciones locales, por encima de su color político.
En juego está, ni más ni menos, que la propia supervivencia de las instituciones más cercanas a los ciudadanos, que han visto, año tras año, como van perdiendo capacidad financiera a la par que van asumiendo competencias que no son estrictamente municipales. Pendiente sigue, después de varias legislaturas, la segunda descentralización, que aclare de una vez las competencias de los ayuntamientos y los dote económicamente de forma suficiente. Los ayuntamientos no pueden ser, una vez más, los paganos de la financiación de las comunidades autónomas ni del propio Estado por la importancia que tienen en el funcionamiento del sistema democrático. Así lo reconoce el propio Ministerio de Economía y Hacienda cuando reconoce que los municipios realizan el mayor gasto en la producción de bienes públicos de carácter social (sanidad, educación, vivienda y urbanismo, saneamiento, servicios funerarios, cultura y deportes) cuando la cesión de impuestos estatales representa apenas el 15 por ciento de su financiación total. Los ayuntamientos necesitan ser mejor tratados en la negociación abierta para la nueva financiación de las comunidades autónomas. Es urgente establecer las bases de este segundo pacto local, de forma que las corporaciones reciban en función de sus necesidades reales de financiación.