El Ayuntamiento de Soria, en pleno, se ha posicionado en contra de la ubicación elegida por Instituciones Penitenciarias para construir el nuevo centro penitenciario a los pies de Valonsadero.
El debate plenario ha servido para constatar que los representantes políticos municipales no han estado a la altura de las circunstancias en estos últimos meses, respondiendo más a sus intereses partidistas que a los de los ciudadanos que dicen representar. En este tiempo han faltado muchas cosas, y han sobrado excesos verbales y medias verdades. Los silencios que ha habido en el proceso, tanto de algunos candidatos a la Alcaldía como de los responsables del Gobierno de España y de Instituciones Penitenciarias -que ya tenían tomada la decisión de la ubicación en La Laguna el 22 de diciembre de 2006- socava la credibilidad de estos responsables políticos que han actuado con auténtica irresponsabilidad. En este tiempo ha existido un proceso informativo, pero nunca participación. Información, por lo demás, sesgada, enfocada a un único objetivo: defender lo que ya había sido decidido en otros foros. Ahora, al Ayuntamiento de Soria -y en especial a su máximo representante- le corresponde asumir el liderazgo que durante meses se ha echado en falta, para reconducir este asunto en el que la autonomía local ha quedado en entredicho. Cualquier dirigente gana en credibilidad, no cuando reivindica frente a instituciones de otro signo político, sino cuando no se calla sus posiciones ante sus compañeros de partido. Es hora de ello. Si no se hace, la cárcel se convertirá en una auténtica condena.