Cualquier proyecto necesita un tiempo de maduración y reflexión, y también un plazo de ejecución.
En la provincia, la opinión pública no sale de su asombro por las dilaciones que sufren muchos de los proyectos que comprometen los diferentes partidos políticos, con campaña electoral o sin ella de por medio. En un buen número de ocasiones, muchos de estos retrasos tienen difícil justificación y los responsables políticos recurren al proceso administrativo -que todo lo aguanta- para justificar sus propias carencias. Esta misma semana hemos conocido, por poner sólo dos ejemplos, la adjudicación de los servicios de control y vigilancia de un tramo de la A-15 nueve meses después de que estén adjudicadas las obras; o como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales todavía no ha adjudicado las obras del comprometido Centro de Día para Asistidos. Por contra, hemos visto como el Consejo de Ministros aprobaba, quince días después de las elecciones generales, las expropiaciones de los terrenos de La Laguna para construir la nueva cárcel de Soria, en un claro ejemplo de como las administraciones manejan los plazos administrativos a su propio interés. Hay, sin duda, más ejemplos de proyectos de otras administraciones que requieren más dinamismo en la tramitación y menos justificaciones de sus responsables políticos. Está demostrado que cuando hay voluntad política decidida -sea cual sea la administración-, los posibles obstáculos que se puede encontrar un proyecto en su tramitación administrativa, son más fáciles de sortear y superar.