SEGÚN LAS PREVISIONES de la Federación de Autónomos de Castilla y León (Feacyl), un 15 por ciento de los 8.540 autónomos que actualmente cotizan en el régimen de la Seguridad Social han solicitado acogerse este año a la prestación por cese de actividad, un dato revelador de la grave repercusión de la crisis económica sobre este colectivo que, sin grandes titulares, son los que componen en buena medida el sustrato empresarial y económico de España y, en especial, de Soria, y que se han convertido en los auténticos paganos de una crisis que ciertamente no han generado.
Los trabajadores autónomos son indudablemente el eslabón más débil del tejido empresarial y necesitan soluciones sin más dilación para hacer frente a unos problemas que cada día que pasa amenaza más la continuidad de la propia actividad. Las administraciones están obligadas en primer lugar a mejorar el acceso de los autónomos a la financiación y también la fiscalidad. Resulta por lo demás inaplazable que dejen de gravar con su propia morosidad el futuro de este colectivo, que pide con razón que de una vez por todas las administraciones competentes tomen medidas para aliviar una situación que les condena a echar el cierre. No adelantar el IVA de las facturas que todavía no han cobrado parece una petición razonable, a la que hay que dar respuesta con urgencia. Como lo es que las administraciones paguen en tiempo y forma a sus proveedores y evitar que sean los propios autónomos quienes, ante tanto retraso, estén financiando con su patrimonio personal a sus deudores.