La crisis económica no ha tocado fondo, por lo menos en las administraciones locales, tras los anuncios de estas últimas fechas.
La Diputación provincial tendrá que hacer encaje de bolillos -y suprimir gastos- para cuadrar sus cuentas, según ha reconocido su máximo responsable. Mientras el Ayuntamiento de Soria es la punta de lanza de la falta de financiación que sufren la mayoría sino todas corporaciones locales, por el aplazamiento injustificado de una ley de financiación local que les garantice unos ingresos que compensen los servicios que prestan a los ciudadanos y que no son de su competencia. Ante este panorama sombrío, se vislumbra en el horizonte la revisión de las tasas municipales, un trabajo aplazado durante una década y que, de llevarse a materializarse, llega en el peor momento posible para el contribuyente, cuando todavía no ha digerido la subida brutal del IBI, repartida en la próxima década para amortiguar un golpe en los bolsillos de los ciudadanos y justificada en una valoración que no se ajusta a la actual realidad del mercado inmobiliario. Está bien que las administraciones, y con ellas el propio Ayuntamiento capitalino, hagan votos por mejorar su gestión recaudatoria -como ha anunciado-, pero debe hacerlo teniendo en cuenta la grave crisis económica y la situación de desempleo que se vive en más de una familia, evitando grandes subidas y haciendo lo posible para ser coherente con su discurso de mayor esfuerzo, ajustándose primero el propio cinturón , de tal forma que recorte gastos innecesarios en las próximas cuentas municipales.