Cuando alguien se acuerda de quienes ponen el dinero

EL PLAN APROBADO POR EL GOBIERNO de España supone un rayo de esperanza a miles de proveedores de las administraciones públicas que están amenazados, en algún caso, de cierre, ante los dilatados retrasos o simplemente los impagos reiterados que vienen soportando desde hace meses mientras comprueban, con cierta indignación, que algunas administraciones gastan “su” dinero en actuaciones poco prioritarias, en esa salida hacia adelante a la que nos tienen desgraciadamente acostumbrados.

El hecho de que los ayuntamientos no paguen a sus proveedores ha desencadenado una corriente de impagos de nefastos efectos. Es una bola de nieve de números rojos, cierre de empresas -fundamentalmente pequeñas- y destrucción de empleo que ya era hora que se afrontase para cortar de raíz este circulo viciosos y que empiece a haber liquidez en el sistema. Conviene decir también en voz alta que el objetivo de la medida debe ser beneficiar a los proveedores a los que se les debe -mejor sería sin priorizar los pagos a las empresas que concurran a la “quita”, un mecanismo donde tienen ventaja las empresas con mayor capacidad financiera- y a los ayuntamientos que pagan. Dicho lo cual, convendría en el caso del Ayuntamiento de Soria que, de una vez por todas, aprueben los criterios para favorecer a las empresas con sede social en el municipio en sus licitaciones y contrataciones, como lo han hecho otras ciudades españolas, para evitar episodios como el vivido con el contrato para limpiar edificios municipales o la contratación de páginas web.