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Vivienda Social: OCU exige soluciones concretas a los poderes públicos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha trasladado a las administraciones públicas competentes, responsables de garantizar el acceso a una vivienda digna, un documento con medidas concretas para que puedan atajar el problema de acceso a la vivienda en España, especialmente grave en el caso de los usuarios más vulnerables.

El objetivo de OCU es la defensa de los consumidores y en materia de vivienda abogamos por un acceso asequible a este bien básico.

El alquiler en España está caracterizado por la ausencia de un relevante parque público de vivienda, con el consiguiente peso de la oferta por parte de arrendadores privados, de los que una parte mayoritaria son particulares.

Ante una demanda pujante asistimos a un repliegue de la oferta que genera presión sobre los precios en la mayoría de las grandes ciudades.

OCU ha advertido que resulta extremadamente difícil encontrar vivienda de alquiler en las grandes ciudades, y la que se encuentra tiene precios muy elevados, fuera del alcance de la mayoría de la población.

Acceder a una vivienda en alquiler supone para el 63 por ciento de los inquilinos tener que destinar más del 30 por ciento de los ingresos del hogar a pagar la renta y los gastos ligados a la vivienda.

El origen de la presión en el precio del alquiler proviene de un desequilibrio agravado entre la oferta y la demanda.

La oferta de vivienda en alquiler se ha retraído a consecuencia del miedo de muchos propietarios a no cobrar la renta, tardar meses en recuperarla en caso de problemas y/o a padecer daños y gastos en sus inmuebles.

Una demanda creciente y una oferta a la baja provoca una subida de precios del alquiler que no cesa porque no existen alternativas a la necesidad básica de vivienda, salvo el alquiler compartido y el arrendamiento de habitaciones, que crecen día a día y alimentan la precariedad.

Desde OCU han reivindicado un plan ambicioso de inversión en vivienda pública en alquiler, mediante la incorporación de al menos 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, así como la rehabilitación de viviendas existentes que estén vacías y atraer vivienda privada infrautilizada para incorporarla a las bolsas de alquiler público.

Para dar seguridad a los arrendadores particulares, es necesario garantizar al propietario que podrá recuperar su vivienda en un plazo razonable, en caso de impago, daños en la vivienda o cualquier otro incumplimiento grave del contrato.

Otras medidas extraordinarias, como la concesión de ayudas económicas, tienen que destinarse a los colectivos realmente más vulnerables, liberando fondos públicos para su inversión allí donde son más eficientes.

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