La estructura social española sufre transformación radical en tres décadas
La estructura social española ha experimentado una transformación radical en las últimas tres décadas, con la reducción de lo que antaño sustento el milagro económico español: la clase media. La identidad obrera ha desaparecido en este camino.
Mientras que en 1994 las clases medias representaban un sólido 58 por ciento de la población, en 2024 esta proporción se ha reducido al 43 por ciento, según refleja el IX informe FOESSA, publicado por Cáritas España y que refleja que se vive un momento decisivo para cambiar el modelo laboral.
Lo más significativo no es solo esta reducción numérica, sino la fragmentación que se ha producido hacia abajo.
La antigua clase obrera y media baja se ha desgarrado en múltiples segmentos: un 17 por ciento se identifica como clase pobre, un 13 por ciento como clase obrera y un 12 por ciento como clase media baja.
Esta fragmentación refleja un proceso de atomización social que dificulta la creación de identidades colectivas sólidas y proyectos comunes de sociedad.
Las divisiones clásicas de clase han perdido protagonismo y en su lugar proliferan identidades múltiples que erosionan la cohesión social.
La antigua solidaridad forjada en el trabajo se diluye: profesión y posición laboral pesan menos que la pertenencia a edad, género, generación o hábitos culturales, especialmente
Lengua, tradiciones y costumbres regionales se convierten asimismo en ejes de afiliación.
En la era digital, la producción simbólica se dispara y el individualismo se acentúa, de modo que las personas se definen más por rasgos culturales y biográficos que por su rol en el mundo laboral.
Desaparición de identidad obrera
Uno de los cambios en la estructura social española ha sido la práctica desaparición de la identidad obrera tradicional.
En 1995-1996, un 35 por ciento de las personas se reconocía como clase obrera, y un 45 por ciento admitía ese origen familiar, representando una identidad colectiva sólida heredada del periodo de desarrollo económico de los años sesenta.
Sin embargo, en 2024, solamente un 13 por ciento se identifica con esta categoría según las encuestas del CIS, lo que supone una caída de más de 20 puntos porcentuales en tres décadas.
Esta disolución no es meramente semántica, sino que refleja transformaciones profundas en la estructura productiva, las formas de trabajo y las identificaciones culturales.
La deslocalización industrial, la terciarización de la economía y la precarización laboral han erosionado las bases materiales sobre las que se sustentaba la conciencia obrera.
España ha experimentado una transformación demográfica sin precedentes, convirtiéndose de país emisor en receptor de inmigración internacional.
En 1980 residían en España apenas 184.000 personas nacidas en el extranjero, mientras que en 2024 esta cifra alcanzó los 8,8 millones, lo que significa que el territorio español se ha mundializado.
Esta transformación ha reconfigurado completamente la composición poblacional del país.
Inmigrantes
Las personas de origen inmigrante se han convertido en el factor determinante del crecimiento poblacional, ya que desde hace una década la población autóctona fallecida supera a la nacida, lo que genera un saldo natural negativo.
Por otro lado, los flujos migratorios han respondido fundamentalmente a las demandas del modelo productivo español, no a ningún vacío demográfico, desafiando los discursos sobre “reemplazo demográfico”.
La inmigración ha sido la respuesta a la segmentación del mercado laboral que demanda mano de obra no cualificada y mal remunerada, especialmente en sectores como la construcción, la hostelería y los servicios de atención personal.
Esta transición migratoria ha colocado a España entre los principales países receptores de Europa, duplicando los flujos de entrada entre 2012 y 2022, y consolidando su posición en el núcleo avanzado del sistema migratorio internacional.
La población inmigrante es la ventana que nos asoma al momento económico, ecológico, político, social y cultural que estamos viviendo.
España se ha posicionado como el país con mayor crecimiento de inmigración permanente en Europa.
Mientras países como Francia e Italia han experimentado incrementos moderados o incluso reducciones, España ha mostrado un dinamismo migratorio excepcional que la sitúa como segundo país receptor en Europa, solo por detrás de Alemania.
Los datos de la OCDE confirman que España recibe anualmente entre 400.000 y 500.000 personas inmigrantes con propósito de permanencia, lo que representa un aumento del 33 por ciento en el periodo 2013-2023, frente al 51 por ciento de Alemania, el 18% de Francia y el 13% de Italia.
Esta progresión ha llevado a que el peso de la inmigración haya aumentado del 12% al 18% de la población total en una década.
La composición de estos flujos muestra un equilibrio entre inmigración familiar (22%), libre circulación europea (35%), laboral extracomunitaria (11%) y humanitaria (5%).
Esta transformación ha consolidado la plena inserción de España en el núcleo avanzado del sistema migratorio internacional, donde el modelo económico español requiere abundante mano de obra para su funcionamiento, convirtiendo la veloz transición migratoria en una prueba fehaciente de esta integración en los flujos globales
Crisis de fecundidad
España enfrenta una profunda crisis de fecundidad caracterizada por la brecha entre los deseos reproductivos y las posibilidades reales de cumplirlos.
Las preferencias de las mujeres respecto al número de hijos/as no han variado durante los últimos 30 años (se quieren dos hijos), pero las posibilidades reales de cumplir este deseo se han reducido drásticamente (1,2 de media).
Esta situación configura un «déficit de natalidad» o «fecundidad frustrada».
La edad media al primer hijo se ha retrasado hasta los 31,5 años, la más tardía de Europa, cuando las propias mujeres declaran que la edad ideal sería los 28 años.
Este retraso forzado provoca un aumento de la infecundidad involuntaria, hasta el punto de que un 15% de las mujeres que quiere tener descendencia no lo consigue.
Las barreras son fundamentalmente estructurales: precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, feminización de las tareas de cuidados y debilidad de las políticas públicas de apoyo.
Las mujeres emigran para trabajar y mejorar sus vidas y las de sus familias, y no tienen la maternidad como base del proyecto migratorio.
Sin embargo, se observan particularidades específicas.
Las madres foráneas no retrasan tanto la maternidad y tienen su primer hijo alrededor de los 28 años, pero se observa una convergencia hacia el mismo patrón restrictivo.
Las mujeres han protagonizado la transformación social más significativa de las últimas tres décadas en España.
Su participación laboral ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando del 40% en 1995 al 70% en 2024 entre los 32 y 42 años, representando el gran cambio estructural de la sociedad española.
Sin embargo, esta incorporación al mercado laboral no se ha traducido en una transformación simultánea de su posición en los hogares.
Las mujeres han asumido responsabilidades fundamentales para el apoyo económico familiar sin obtener un alivio paralelo en las tareas reproductivas y domésticas. El 50,5% de las mujeres se ocupan de la mayor parte de los quehaceres domésticos, frente al 18,9% de los hombres, evidenciando la persistencia del «segundo turno».
Esta sobrecarga es especialmente intensa en el ámbito de los cuidados, donde el 31,1% de las mujeres se encargan de la mayor parte frente al 5,5% de los hombres.
A pesar de los avances en igualdad formal, persisten profundas desigualdades de género en la división del trabajo doméstico y de cuidados.
Las mujeres dedican una media de 55,2 horas semanales a los cuidados frente a las 38,2 de los hombres, una diferencia de 16,9 horas semanales que se mantiene incluso entre personas ocupadas a jornada completa.
Esta extensión generalizada de la precariedad ha transformado radicalmente el papel tradicional del empleo como mecanismo de integración social.
En su dimensión material, millones de trabajadores encuentran dificultades para acceder a derechos y condiciones de vida normalizados, viéndose obligados en ocasiones a combinar varios empleos precarios para subsistir.
En el plano identitario, se ha erosionado el trabajo como elemento de identificación social que tradicionalmente proporcionaba referencias colectivas estables.
El resultado es una sociedad donde casi la mitad de la población trabajadora carece de la estabilidad básica necesaria para planificar su futuro, acceder a una vivienda digna o formar una familia en condiciones adecuadas, configurando nuevas formas de vulnerabilidad social estructural que trascienden la mera coyuntura económica.
