España suspende en protección de la infancia migrante, según informe de Save the Children
Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 de junio), Save the Children ha presentdao su informe europeo “Cruzando fronteras”, en el que revela fallos sistémicos en la identificación, acogida y tutela de niños y adolescentes a las puertas de la UE, mientras los Estados miembros endurecen sus controles migratorios ante la entrada en vigor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, prevista para junio de 2026.
Informe “Cruzando fronteras”: https://stces.me/4e30FeT
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La investigación, basada en entrevistas a 33 niños y niñas migrantes en España, Finlandia, Grecia, Italia y Polonia, junto con entrevistas a personas profesionales y análisis de literatura académica, constata una cadena de vulneraciones que se repite a lo largo de la frontera europea: la detención automática y prolongada de menores —a veces en centros para adultos—; errores sistemáticos en la identificación de la minoría de edad y otras vulnerabilidades que dejan a los niños sin tutor ni protección; la ausencia de personal especializado en infancia durante las primeras 24 horas; y la cronificación de dispositivos provisionales que se abrieron como respuesta a crisis puntuales.
A todo ello se suma la violencia que sufren los menores en ruta y en los puntos de entrada, incluyendo devoluciones en caliente y agresiones.
Aunque el Pacto sobre Migración y Asilo no entrará en vigor hasta dentro de un año, muchos Estados miembros ya han modificado sus leyes con un objetivo prioritario: blindar las fronteras incluso a costa de los derechos humanos.
El resultado es un repertorio de medidas que consolida la lógica del control sobre la protección y deja a miles de niños y niñas sin las garantías básicas que la ley les reconoce.
“Estas medidas han creado un entorno propicio para la vulneración rutinaria de los derechos y la protección de los niños y las niñas: menores identificados como adultos, recluidos en centros para adultos y sin atención adecuada”, ha señalado Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children.
España: la ruta atlántica al límite
En 2024, 61.323 personas llegaron por vía marítima a España, según datos del Ministerio del Interior; el 76 por ciento de estas llegadas se produjeron por la ruta atlántica con destino a las islas Canarias. A
l menos un 10 por ciento eran niños, aunque muchos no fueron reconocidos como tales, de modo que la magnitud real de la migración infantil sigue infravalorada.
La falta de personal con mandato público en protección a la infancia durante las 72 horas iniciales hace que los niños y adolescentes puedan pasar desapercibidos, sin derivación al sistema de protección o a recursos especializados y sin apoyo psicológico ni intérpretes.
Un simple error de clasificación priva a un menor de edad de todos sus derechos: tutela, escolarización y atención sanitaria.
Las historias personales ponen rostro a estas carencias. Momo, un niño marroquí de 13 años, nadó desde la playa de La Bocana en Beni Enzar (Marruecos) hasta las proximidades de Melilla. Cuando consiguió llegar, las autoridades españolas lo registraron como si tuviera 16 años y fue sometido al procedimiento de la determinación de la edad. Momo llegó a España desnutrido y con déficit de crecimiento.
Su caso ilustra la fragilidad de los menores que llegan solos cuando fallan los protocolos de protección. “A Momo le registraron por error con tres años más, pero aún menor de edad: muchos otros niños no tienen la misma suerte”, afirma Zuppiroli.
Para las niñas, además, los riesgos se duplican.
Las adolescentes que viajan solas sufren mayor exposición a la violencia y explotación sexual tanto en tránsito como en destino.
Luchadores —nombre ficticio que escogió una joven marroquí que hoy tiene 23 años— cruzó el Atlántico en patera siendo menor de edad. Viajaba con cincuenta personas, sólo tres de ellas mujeres. Aún recuerda los cadáveres flotando y el miedo: “Pensé que nosotros también moriríamos”, confiesa mientras dibuja un tiburón y el cuerpo sin vida de una mujer en el mar.
En Canarias, los recursos de emergencia abiertos en 2021, bajo condiciones excepcionales, siguen sobreocupados.
El archipiélago tutela a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes porque los traslados a la península llegan con cuentagotas.
Los retrasos en los reconocimientos de la minoría de edad y en las derivaciones, prolongan la estancia durante meses en espacios no adecuados para la infancia.
Próximos pasos
“Los niños y niñas que migran no son números: son sujetos con derechos. Cada vida infantil que se pierde en el mar es el precio de unas políticas que priorizan el control fronterizo sobre la protección. España puede liderar en la UE un modelo que sitúe el interés superior del menor en el centro", ha subrayado Zuppiroli.
La implementación del Pacto sobre Migración y Asilo en España brinda la oportunidad de reforzar las garantías para niños y niñas recién llegados.
Save the Children ha propuesto que, en el momento inicial de llegada, se adopten protocolos para la identificación y derivación de perfiles vulnerables, con equipos dotados de mandato público en protección de la infancia y tutores cualificados en cada procedimiento previo a la incorporación de estos niños y niñas al sistema de protección.
La fase de criba debe servir para evaluar la situación de cada niño y niña y detectar cualquier signo de vulnerabilidad de manera temprana a través de herramientas estándar.
La organización también ha pedido alternativas a la detención de niños y niñas en la fase de cribado.
Tras la fase inicial, la organización reclama que se agilicen los traslados de niños y niñas a la Península, aplicando el mecanismo estatal de distribución interterritorial, aprobado recientemente, de modo que ninguna región —como hoy Canarias— afronte en solitario los picos migratorios.
Estas medidas se enmarcan en un llamamiento más amplio a la Unión Europea para que el próximo Pacto integre plenamente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Implica, entre otras cosas, evaluaciones de edad rigurosas y adaptadas a la infancia, formación obligatoria para los agentes fronterizos en enfoques sensibles al trauma —especialmente en el caso de niñas y supervivientes de violencia sexual— y la garantía de que ningún menor de edad sea privado de libertad ni se le niegue protección en el futuro sistema migratorio.