Gobierno y Aragón destinan 60 millones a Teruel
Política Territorial y Función Pública están ultimando los trabajos para la firma del convenio del Fondo de Inversiones de Teruel 2021 con el Gobierno de Aragón. Supondrá 60 milloens de euros de inversión para esta provincia aragonesa despoblada.
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El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, ha presidido una reunión de trabajo con la Comunidad Autónoma de Aragón y los Agentes Sociales de la provincia para seguir avanzando en la concreción de los proyectos que éstos proponen financiar este año.
Francos ha agradecido y valorado el entendimiento de todos los participantes y ha anunciado que está previsto que el ministro Miquel Iceta firme el convenio FITE 2021 "antes del verano".
También ha avanzado que se está trabajando para que a lo largo del segundo semestre de este año se defina el FITE 2022, de forma que se firme en cuanto técnicamente sea posible y se garantice así su ejecución en tiempo y forma.
El convenio para este año está dotado con 30 millones de euros a cargo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y otros 30 por parte del Gobierno de Aragón. Se suman, además, 1,3 millones de euros correspondientes a proyectos de ejercicios anteriores que no se pudieron ejecutar.
En este sentido, Francos ha destacado el compromiso del Gobierno con mantener el carácter plurianual del convenio, para facilitar que, independientemente de cuando se firme, su ejecución sea efectiva desde el 1 de enero del año correspondiente.
Corregir desigualdades
El Convenio FITE está destinado a financiar proyectos de inversión que corrijan las desigualdades estructurales de la provincia de Teruel y promuevan la creación de un espacio de competitividad que favorezca la generación de actividad económica y de empleo.
En concreto, se trata de actuaciones dirigidas a la mejora de infraestructuras de transportes y comunicaciones, el apoyo a iniciativas empresariales, la puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social, el desarrollo de la sociedad de la información y la promoción de la cohesión social (educación, asistencia sanitaria y servicios sociales), entre otros.
Con estas inversiones se cumple con el artículo 158 de la Constitución Española, que reconoce el principio de solidaridad como un instrumento para atenuar las desigualdades territoriales y procurar la cohesión interna como un objetivo de la política económica y social.