Fundalib alerta de impacto negativo de reforma de financiación autonómica en automía fiscal y crecimiento
La reforma de la financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda supone un retroceso en la autonomía fiscal y un serio riesgo para el crecimiento económico en España. Esta es la principal conclusión del comunicado emitido hoy por la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib).
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El pasado 10 de enero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que ha generado un intenso debate público.
Aunque el anuncio contempla una ampliación limitada de la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades autónoma, en la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib)han considerado que la iniciativa responde más a una estrategia política que a un verdadero intento de fortalecer la competitividad fiscal y el crecimiento económico en España.
Tras un análisis en profundidad de la propuesta del Ministerio de Hacienda, ha concluido que no se trata de una buena política pública.
"Lejos de avanzar hacia un modelo de federalismo fiscal sólido y eficiente, la reforma debilita la competitividad fiscal, limita la libertad económica y refuerza un sistema redistributivo cada vez más centralizado", ha censurado.
El nuevo modelo no profundiza en la descentralización de las decisiones tributarias, sino que las subordina al denominado principio de “ordinalidad”.
Bajo este criterio, las comunidades que más aportan en términos absolutos al sistema son las que reciben proporcionalmente más recursos.
Aunque esta lógica pueda parecer equitativa en apariencia, en la práctica actúa como un mecanismo que bloquea la competencia fiscal entre territorios.
Un sistema verdaderamente descentralizado permitiría a las comunidades autónomas competir entre sí mediante políticas fiscales diferenciadas, atrayendo talento, inversión y capital.
El principio de ordinalidad opera en sentido contrario: vincula las transferencias recibidas no a la eficiencia, la productividad o la buena gestión, sino al volumen absoluto de recaudación.
El resultado es un fuerte desincentivo a la diferenciación fiscal y a la competencia entre territorios.
Además, la integración de nuevos tributos - como los impuestos sobre el patrimonio, los depósitos bancarios, las actividades del juego o los residuos - en la cesta común bajo el principio de ordinalidad genera incentivos especialmente perjudiciales para el crecimiento económico.
Las comunidades pueden incrementar estos impuestos, quedarse con el 100 por ciento de la recaudación adicional y, al mismo tiempo, mejorar su posición en el ranking ordinal.
Esto crea un doble incentivo para subir impuestos, dando lugar a una espiral de presión fiscal sin contrapesos competitivos.
Aunque la reforma eleva ligeramente el porcentaje de cesión de algunos impuestos (IRPF del 50 % al 55 % e IVA del 50 % al 56,5 %), esta mayor recaudación se produce dentro de un marco más restrictivo.
Las comunidades ganan recursos, pero pierden libertad real de decisión, al verse forzadas a recaudar más para recibir más fondos. Esto no puede considerarse autonomía fiscal.
La situación se agrava aún más con el anuncio de la ministra de adoptar medidas para impedir que las comunidades puedan bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, eliminando una de las principales herramientas de competitividad fiscal regional.
Estas propuestas contrastan abiertamente con las aspiraciones federales que históricamente ha defendido el Partido Socialista.
Los incrementos en la cesión de tributos son mínimos y podrían haber sido sustancialmente mayores - por ejemplo, hasta el 75 % - si la descentralización fiscal fuese un objetivo real.
El empeño por eliminar la competencia fiscal supone, de facto, un ataque a la autonomía de las comunidades autónomas, un valor fundamental recogido en la Constitución española.
Por todo ello, la Fundación para el Avance de la Libertad ha considerado que esta reforma no acerca a España a un modelo eficiente de federalismo fiscal.
Al contrario, amplía el aparato redistributivo centralizado, incentiva la subida de impuestos y reduce la libertad económica y la capacidad de decisión de los territorios.
Una auténtica descentralización exigiría que cada comunidad financiara sus servicios principalmente con sus propios impuestos, compitiera abiertamente por atraer inversión y asumiera plenamente las consecuencias de sus decisiones fiscales.
Eso es lo que caracterizaría un verdadero federalismo fiscal. Sin embargo, la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda se aleja claramente de ese modelo.
La Fundación para el Avance de la Libertad es un think tank con sede en Madrid. Su misión es promover el avance de la libertad individual humana tanto en su vertiente personal como en la económica. Elabora anualmente varios índices comparativos sobre el estado de la libertad en varias áreas tanto en España como en el ámbito internacional.