El Gobierno impulsa la lucha contra la violencia vicaria
El Consejo de Ministros ha abordado hoy el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. La reforma legal tipifica la violencia vicaria y establece la obligación de escuchar a los menores antes de acordar la guardia y custodia.
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado la oportunidad de la norma ante un "contexto político de ola reaccionaria" y la ha enmarcado en el compromiso del Gobierno por seguir avanzando en la igualdad real y atender las peticiones de las asociaciones de víctimas.
Redondo ha recordado las cifras de esta "durísima realidad": desde el año 2013, un total de 65 niñas y niños han sido asesinados por violencia vicaria, 9 el año pasado y 3 en 2025.
Los objetivos de la futura ley son tres, según ha detallado la ministra: cumplir el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la violencia vicaria; definirla e incorporarla al ordenamiento jurídico y, sobre todo, proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad contra "estas violencias tan radicales, salvajes y absolutamente inconcebibles".
Redondo ha explicado que el texto modifica otras leyes que afectan a la violencia vicaria, fundamentalmente la Ley Integral contra la Violencia de Género, de la que se ha celebrado recientemente el vigésimo aniversario, pero también el Código Penal, el Código Civil y las leyes sobre el enjuiciamiento civil, el Poder Judicial y la protección jurídica del menor.
El anteproyecto identifica la violencia vicaria como aquella que se ejerce sobre la mujer por parte de su pareja o expareja a través de una persona interpuesta con el fin de vulnerar su integridad moral.
Esas personas interpuestas pueden ser los menores, los descendientes, los mayores con discapacidad sometidos a la patria potestad o custodia, los ascendientes, los hermanos o la pareja actual de la víctima.
Con la reforma, esta violencia queda tipificada con un nuevo artículo en el Código Penal que establece dos tipos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: uno general de violencia vicaria en el ámbito de la violencia doméstica, con penas privativas de libertad de seis meses y un día a tres años, y un tipo agravado en el contexto de la violencia de género, con penas de un año y medio a tres años.
Además, se incorpora como pena accesoria la prohibición de portar armas entre tres y cinco años.
Medidas accesorias, sensibilización y formación específica
La titular de Igualdad ha subrayado otra pena accesoria que se incorpora al Código Penal: el juez valorará la prohibición de publicar aquellos contenidos directamente relacionados con los hechos delictivos que puedan afectar a la integridad moral de la víctima.
La reforma refuerza, además, la obligación de escuchar al menor antes de acordar un régimen de guardia y custodia.
La única excepción, que exigirá una especial motivación por parte del juez, serán aquellos casos donde la escucha sea imposible o interfiera clara y directamente con el interés superior del menor.
Por otra parte, el anteproyecto incorpora planes de sensibilización contra la violencia vicaria, en línea con los que existen respecto a la violencia de género.
Igualmente, incide en la formación de los jueces y fiscales sobre la violencia vicaria, incluyéndola en la oferta formativa del Consejo General del Poder Judicial y en el acceso y promoción de las carreras judicial y fiscal.
Este conjunto de medidas pretende, en palabras de Redondo, "situar a España nuevamente a la vanguardia en las políticas de defensa de la igualdad real de oportunidades, cuando la violencia de género sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres y la sociedad y la democracia española".