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Las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, que establecían tasas adicionales para la estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas, incluían asimismo una habilitación para la ejecución de las ofertas de empleo público derivadas de esos procesos de estabilización, que suponía su vencimiento en 2020.
No adoptar esta medida urgente y necesaria impediría la ejecución de las convocatorias, con la consiguiente pérdida de las plazas ya aprobadas, sin que hayan desaparecido además las necesidades de estabilización del empleo temporal en todas las administraciones públicas y la correlativa frustración de las expectativas de los aspirantes que fueran a participar en esos procedimientos que no podrían convocarse de otra forma.
La complejidad de la puesta en marcha de estos procesos, que implican el empleo de importantes recursos personales y materiales y su desarrollo a lo largo de un amplio periodo de tiempo, se ha visto afectada por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Tanto la suspensión de plazos administrativos como las propias medidas de contención puestas en marcha no solo han afectado a la ejecución de los procesos ya iniciados sino también a la propia posibilidad de iniciar nuevos procedimientos.
Esta urgente y necesaria medida, ya anunciada por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en su comparecencia ante la Comisión de Función Pública del Senado el pasado 4 de junio, fue uno de los asuntos abordados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada el 11 de junio, a la que asistieron los responsables de Función Pública de todas las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y se enmarca en el compromiso de las administraciones públicas para mejorar el empleo público y reducir la temporalidad, impulsando mecanismos de coordinación necesarios para desarrollar adecuadamente los procesos de estabilización.
El BOE ya ha publicado el Real Decreto-Ley 23/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en el que, entre otras medidas, recoge esta ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización temporal.