Apagón eléctrico: OCU exige responsabilidades y compensaciones para los afectados
Cuando se cumplen 50 días desde el apagón eléctrico que dejó sin suministro a miles de personas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado que las explicaciones oficiales hayan llegado tarde y, además, no vayan acompañadas de las medidas que la situación exige.
La citada organización ha valorado positivamente que el Ministerio para la Transición Ecológica haya publicado los resultados de la investigación, pero ha subrayado que no es suficiente.
Para OCU, los consumidores siguen esperando algo más que un informe técnico: esperan respuestas claras, asunción de responsabilidades y compensaciones reales.
El informe, presentado por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, identifica una combinación de errores técnicos y de planificación como causa del colapso: una programación deficiente por parte de Red Eléctrica de España, plantas de generación renovables sin capacidad de modular la tensión, y problemas en la desconexión de ciertas centrales, todo ello en un contexto de tensión en la red que no se supo gestionar.
Aunque se descarta un ciberataque, OCU ha advertido que el informe pone sobre la mesa vulnerabilidades preocupantes que deben corregirse para evitar que algo así se repita.
La organización también ha criticado que este documento carece de valor jurídico, lo que deja a los consumidores en el limbo a la hora de reclamar daños.
Durante el apagón, miles de hogares y pequeños negocios sufrieron consecuencias tangibles: alimentos que se echaron a perder, electrodomésticos que dejaron de funcionar, interrupciones en el trabajo, pérdidas económicas, así como costes extras que los consumidores tuvieron que asumir como comer fuera de casa, problemas con el transporte público…
OCU ha denunciado que, mientras los ciudadanos asumen las consecuencias, una de las empresas señaladas en el informe, Red Eléctrica, ha incrementado el coste de la energía a través de servicios de ajuste que acaban repercutiendo en la factura final. Y esto, para la organización, es inaceptable.
OCU ha estimado que los protocolos de actuación deben ser revisados, de forma que la garantía del suministro no implique frenar el uso de energías renovables ni se disparen costes de forma imprevista, generando una incertidumbre en las tarifas eléctricas que acaba pagando el consumidor... Una transición energética justa pasa por proteger al consumidor, no por cargarle con los errores del sistema.
Por todo ello, OCU ha puesto en marcha una campaña con triple objetivo: aclarar lo sucedido, depurar responsabilidades y exigir compensaciones para los ciudadanos.
La organización anima a los consumidores afectados a sumarse, a contar su caso, a cuantificar los daños sufridos y a apoyar una causa que no solo defiende derechos individuales, sino también la necesidad de una red eléctrica segura, fiable.
