Análisis de los precios de los alimentos

El Observatorio de la Cadena Alimentaria se reunirá el próximo 20 de febrero para analizar la evolución de los precios de la alimentación y el impacto, en su primer mes de aplicación, de la rebaja del IVA de determinados productos que aprobó el Gobierno para facilitar el acceso de las familias a la cesta de la compra.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha realizado este anuncio durante una comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados. 

Los precios de los alimentos y la ley de la cadena han sido dos de los ejes centrales de su intervención junto a los dos principales acontecimientos que se producen en este año: la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC) y la presidencia de turno de la Unión Europea que ejercerá España en el segundo semestre.

La comparecencia ha tenido lugar precisamente en el día que se ha conocido el dato del IPC del mes de enero, que, según ha considerado el ministro, indica que las medidas adoptadas por el Gobierno han contribuido a frenar el incremento de los precios.

La tasa interanual del IPC de los productos alimentarios se sitúa en un 15,4 por ciento, tres décimas menos que en diciembre, y la evolución mensual de los alimentos afectados por la reducción del IVA ofrece un descenso de 1,6 puntos.

El ministro se ha mostrado convencido de que en los próximos meses se producirá una disminución progresiva de los precios, y ha recordado que España se sitúa por debajo de la media europea en los índices de encarecimiento de los alimentos.

El ministro ha reiterado que las causas que han motivado el importante crecimiento de los precios de los alimentos en los últimos meses son el encarecimiento de las materias primas y de los costes de producción en el sector agrario como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Por ello, ha explicado, la acción del Gobierno se ha centrado en un doble objetivo: paliar el incremento de los costes productivos y ayudar a las familias, especialmente a las más vulnerables, a hacer frente al encarecimiento de los alimentos.

Con el objetivo de respaldar a los sectores agrario y pesquero frente a estas dificultades que comprometen su rentabilidad, el Gobierno ha arbitrado medidas extraordinarias y urgentes que suman casi 2.000 millones de euros entre ayudas directas y apoyo fiscal, financiero, laboral y social, que no tienen precedentes.

Para ayudar a las familias a soportar el encarecimiento de la cesta de la compra, el Gobierno decidió eliminar el IVA a partir del 1 de enero de alimentos básicos, que son los más demandados, como pan, leche, huevos, harina o frutas y verduras, y reducir del 10 % al 5 % el de aceite y pastas, los productos que más se han encarecido en los últimos meses.

La medida se completa con un cheque de 200 euros a más de 4,2 millones de familias con rentas de hasta 27.000 euros.

El ministro ha recordado que se ha iniciado el plazo para la solicitud de estas ayudas.

También ha salido publicado hoy el listado provisional de cerca de 250.000 agricultores que se verán beneficiados de las ayudas para los fertilizantes, por un montante de 300 millones de euros.

Ley de la cadena

El ministro ha destacado la importancia de la reforma de la ley de la cadena, aprobada en diciembre de 2021, y que ha permitido que en este último año "no haya ocurrido como siempre, que el peso de la crisis cayera sobre los agricultores y ganaderos, los eslabones más débiles de la cadena".

Ha señalado que aunque se trata de una ley ambiciosa, que supone un cambio en la cultura de las relaciones comerciales en el seno de la cadena que requiere tiempo, en este primer año ha funcionado satisfactoriamente y produce una mayor transparencia, equilibro y eficacia.

En su intervención ha detallado algunos de los pasos impulsados por el Gobierno para el despliegue de la ley, como la creación del registro de contratos alimentarios, que entró en funcionamiento el pasado 31 de enero, la constitución del comité de cooperación de las autoridades de ejecución entre la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y las comunidades autónomas.