Solicitud mayoritaria para retirada del lobo del LESPRE
Once de las diecinueve comunidades españolas, incluidas las dos ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, se oponen a la inclusión del lobo ibérico en el LESPRE y rechazan el procedimiento seguido por el Gobierno.
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, en coordinación con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia, solicitaron la sesión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica celebrada ayer con el fin de conocer el posicionamiento de las comunidades autónomas respecto a la inclusión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del lobo ibérico en el Listado de Especies silvestres de Protección Especial (LESPRE).
Durante la reunión de ayer tarde, once comunidades autónomas (de las 19 de España), la mayoría, han solicitado al Ministerio que retire el expediente que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies silvestres de Protección Especial.
De las 19 comunidades autónomas de España (incluidas las dos ciudades autónomas), 11 comunidades (Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, con el apoyo de Andalucía, Murcia, Madrid, Aragón, País Vasco, Navarra y la ciudad autónoma de Ceuta) han mostrado en la reunión de ayer su oposición a la inclusión del lobo ibérico en el LESPRE y también el rechazo y malestar por el procedimiento seguido por parte del Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que se le había solicitado esta Conferencia Sectorial de Medio Ambiente extraordinaria y monográfica con el fin de conocer el posicionamiento de las comunidades autónomas ante la apertura de expediente por parte del Ministerio de incluir al lobo en el LESPRE.
En cambio “el Ministerio nos convoca a esta reunión con 8 puntos en el orden del día, siendo el último a abordar el del lobo y con criterio de carácter meramente informativo”, según el consejero de Fomento y Medio Ambiente, “cuando lo que planteamos al solicitar esta convocatoria es manifestar posición como pronunciamiento de cada comunidad autónoma a la tramitación de dicha catalogación”. Y todo ello a pesar de que las cuatro CCAA convocantes “remitimos un oficio con fecha 12 de abril, el lunes pasado, pidiendo la modificación de dicho orden del día para incluir el punto del lobo, tal como se había pedido, y no hemos recibido respuesta”.
La Comunidad de Castilla y León –junto con Asturias, Cantabria y Galicia y las otras siete CCAA señaladas anteriormente- ha reiterado su “total oposición a la inclusión del lobo Ibérico en el LESPRE y al procedimiento seguido.
"Entendemos que no se puede hacer ninguna inclusión al margen de las conclusiones que se aprueben en Conferencia Sectorial en el marco de la actualización o modificación de la vigente Estrategia Nacional de Gestión y Conservación del lobo Ibérico -aprobada por unanimidad en Conferencia Sectorial en 2004-, que consideramos que es ámbito de decisión al respecto de la cuestión planteada”, añade Suárez-Quiñones, quien reitera que “la inclusión del lobo en el LESPRE tal y como el Gobierno pretende es contraria a la Estrategia Nacional vigente, antes reseñada”.
Como consecuencia del planteamiento ministerial, las once comunidades autónomas señaladas solicitan el archivo del expediente de inclusión del Lobo Ibérico en el LESPRE hasta que se produzca la modificación de la Estrategia Nacional indicada, “que será en el marco de una Conferencia Sectorial y buscando la unanimidad o al menos el consenso mayoritario de las comunidades autónomas, especialmente a las que les corresponde su gestión”, ha explicado el consejero.
Asimismo, han expresado su disconformidad por que se haya puesto en marcha un texto de actualización de la Estrategia Nacional de Gestión y Conservación del Lobo Ibérico, “llegando a circular un documento a ONG's y organizaciones profesionales agrarias, no ya sin el consenso inicial de las comunidades, sino sin ni siquiera con el conocimiento y ni la participación de las mismas”.
Por tanto, “se solicita no solo la retirada de la iniciativa ministerial, sino pasos firmes de recuperación de la vía de participación y acuerdos con las comunidades autónomas, que siempre ha presidido históricamente cualquier decisión sobre biodiversidad”.
