Recurso judicial si Gobierno sigue con protección del lobo
Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia recurrirán judicialmente la orden ministerial que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) si éste llega a publicarse y seguirán su propia estrategia basada en censos actualizados, apoyo en sus equipos técnicos y la experiencia de su gestión.
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Así lo han anunciado hoy en la ciudad de León los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; de Cantabria, Guillermo Blanco; de Asturias, Alejandro Calvo, y de Galicia, Ángeles Vázquez- acompañados por sus directores generales-, tras mantener un encuentro con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) nacionales –Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA; Miguel Blanco, secretario nacional de COAG, y Aurelio González, de la directiva nacional de UPA- para informales de las medidas conjuntas que las cuatro comunidades autónomas van a adoptar ante la decisión del Gobierno de España de seguir adelante con su propuesta de dotar al lobo de una mayor protección.
Posteriormente, el consejero de Castilla y León se ha reunido con los representantes regionales de las OPAs: UCCL, COAG, UPA y ASAJA.
Tal y como ha explicado el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la decisión conjunta que han tomado junto a las organizaciones profesionales agrarias comenzará con la exigencia de la retirada inmediata de la propuesta de orden ministerial, ya que en caso contrario, las autonomías que albergan a la mayor parte de la población de lobos en la Península Ibérica elaborarán seguirán el que entienden que debería haber sido el procedimiento lógico y coherente, primero elaborar un censo de la población que permita saber cuál es el verdadero estado de la población y seguidamente diseñar una estrategia conjunta de gestión de la especie de las cuatro comunidades autónomas que será trasladada tanto al Gobierno como al resto de comunidades autónomas para su consideración y discusión en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano que formalmente es que debe acordar su aprobación.
En caso de que finalmente llegue a publicarse la Orden Ministerial sin antes haber consensuado una estrategia de gestión con las CCAA, las OPAS y resto de actores implicados, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y se pedirán “medidas cautelarísimas” con las que poder paralizar la eficacia de la orden ministerial hasta el pronunciamiento final de los tribunales.
La actual propuesta de orden carece del rigor científico necesario, según han subrayado las cuatro comunidades.
El propio informe en el que se basa la inclusión ya advierte que el lobo está en un estado de conservación favorable y que los únicos motivos de inclusión son culturales y ecológicos, motivos que por otro lado entienden las comunidades autónomas que ya están contemplados en sus planes de gestión.
Este cambio de estatus legal de la especie iría en contra de la actual estrategia, acordada en el año 2005 por unanimidad de todas las CCAA. ES decir, el propio estado estaría actuando en contra de sus propios acuerdos.
También se ha recordado que las mejores poblaciones de lobo son las que se encuentran en el norte del río Duero, justamente donde se está aplicando un modelo de gestión que ahora se quiere cambiar por otro que ha llevado a la desaparición de las poblaciones protegidas de Sierra Morena, en Andalucía, y Castilla la Mancha.
El actual modelo de gestión está perfectamente enmarcado en las Directivas europeas de conservación y ha permitido que las poblaciones de lobo colonicen nuevos territorios, por tanto, todo indica que la decisión tiene no se apoya en argumentos técnicos sino ideológicos, aunque estos perjudiquen la gestión de la especie y de la convivencia en el medio rural.
Se ha vuelto a ofrecer al Ministerio la formación de una mesa de trabajo conjunta, donde se pueda trabajar sin el condicionante ahora impuesto de considerar al lobo incorporado en el listado de especies de interés especial (LESPRE).
Esto permitiría revisar y actualizar la actual estrategia nacional de conservación y gestión del lobo como primer paso fundamental para lograr el consenso y el diálogo necesarios para lograr una solución a este conflicto.
