Rechazo a aumentar la protección del lobo

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han estimado innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una propuesta que el Gobierno central lleva analizando desde hace varios meses.

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Como se indica en la carta conjunta remitida por los gobiernos autonómicos a la ministra del Reto Demográfico, otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en este momento sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, que tienen importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.

La inclusión del lobo en el LESPRE supondría la prohibición general de su caza, ya que dejaría de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética.

Solamente de  forma excepcional la captura de un ejemplar podría autorizarse bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, limitación que haría mucho más difícil que las comunidades con presencia de lobo al norte del río Duero recurrieran a acciones cinegéticas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos.

En este sentido, la oposición de las Comunidad Autónomas que suscriben el escrito contrario a  la propuesta de catalogación, se basa en que sería totalmente contraria a las políticas desarrolladas en estas Comunidades en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva. De hecho, como se menciona en la carta conjunta a la ministra, estos cambios en cuanto al nivel de protección del propio lobo ibérico podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.

Cabe señalar que la decisión de dirigirse a Teresa Ribera para transmitir su rechazo a esta posibilidad se tomó tras la reunión celebrada recientemente entre los cuatro directores generales de la rama y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, una reunión solicitada en septiembre por las cuatro comunidades considerando que serían las más afectadas en caso de que la iniciativa prospere.

La importancia de los actuales planes de gestión y conservación del lobo

Las cuatro comunidades señalan en la misiva que “hemos elaborado y aprobado planes de gestión del lobo que, por desgracia, no se han librado en algunos casos de su traslado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes”.

Todos estos planes de gestión del lobo tienen como objetivo la conservación del lobo, en el marco establecido por la Directiva europea 92/43/CEE, “a través de una adecuada gestión que nos permita compatibilizar su presencia con el mantenimiento y la mejora de la ganadería extensiva”.

En el marco de estos planes, las cuatro comunidades han conseguido “que las poblaciones de lobo mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, que aparezcan nuevas formas de potenciar el ‘recurso turístico’ lobo  y para conseguir una mejor valoración por los vecinos de estas zonas. Además, con este modelo actual de gestión se ha logrado conseguir una información fiable y continua de lo que está sucediendo con la evolución de las poblaciones de lobo, con los daños a la ganadería y con la conflictividad social asociada a su gestión”.

Toda esta gestión señalada se ha hecho siempre “desde la máximo lealtad institucional y en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo”, actualmente vigente, promovida por ese Ministerio y aprobada en enero de 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

“Si bien es cierto -se señala en la carta- que todos creemos que es necesario una nueva estrategia nacional liderada por ese ministerio y consensuada con las Comunidades Autónomas loberas”.

“Por tanto, ministra, queremos trasladarte que, a pesar de los esfuerzos en la gestión solo conseguimos parcialmente los objetivos, el buen estado de las poblaciones del lobo, pero el problema de los daños a la ganadería sigue estando presente en el día a día y la conflictividad social asociada aumenta”, continúa la carta.

“La población del medio rural que convive diariamente con esta especie -añade la misiva- no quiere que se les indemnice si los daños son continuos en una explotación, lo que nos demandan es que esos daños disminuyan, y creemos que esto solo lo conseguiremos a través de una gestión flexible, conjunta y coordinada que nos permita, además, trasladar a la sociedad soluciones eficaces basadas en los datos científicos y la experiencia de nuestros equipos técnicos, y alejados de posicionamientos ideológicos sesgados y radicales”.

“Como bien sabes -añade la carta en referencia a la ministra Ribera- el nuevo estatus que se plantea impediría que la especie fuera cinegética” -en estos momentos tiene dicha consideración en Cantabria, Galicia y Castilla y León, siendo especie ‘gestionable’ en Asturias-, “pero en todos los casos la capacidad actual para gestionar la especie es mayor que la que se tendría si la especie se incluyese en el LESPRE”.

Ganadería extensiva

A este respecto, los responsables medioambientales de las cuatro comunidades autónomas recuerdan lo que supone la ganadería extensiva en sus comunidades.

“Hablar de Asturias, Cantabria, Galicia o Castilla y León es hablar de explotaciones ganaderas familiares sostenibles y hacedoras de paisaje, de razas ganaderas autóctonas en peligro de desaparición, de productos de calidad ligados a la ganadería, carnes, leches, quesos... Todo esto es lo que está en juego, no sólo una actividad económica, sino una forma de vida”, han recalcado.

A este respecto le señalan a la ministra Ribera que “queremos territorios bien conservados con presencia del lobo, pero también queremos territorios con futuro y con vida, y para ello la ganadería extensiva es esencial”.

Lo que piden las cuatro comunidades autónomas es que se cumplan y respeten los procedimientos administrativos y el actual marco competencial en el cambio del estado legal del lobo, “que en su actual propuesta en ningún caso responde a un consenso jurídico, técnico o científico”.

A la vista de las opiniones vertidas en las redes sociales por el Ministerio de Teresa Ribera, los cuatro responsables regionales manifiestan su total desacuerdo con la inclusión en la LESPRE de todas las poblaciones de lobo ibérico ubicadas al norte del Duero, dado que Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ya ha mostrado públicamente su apoyo a la propuesta, antes incluso de debatir o consultar al respecto a las regiones que se verían más afectadas.

“Nos ha parecido que esto no se está respetando, ya que se está avanzando en una postura oficial sobre la inclusión del lobo en el LESPRE, cuando esa inclusión debe cumplir con un procedimiento establecido en el que se debe contar la con opinión de unos órganos colegiados que deben adoptar finalmente, o no, dicha decisión, y en los que actualmente es por todos sus miembros bien conocida la posición contraria de las cuatro comunidades que gestionamos las poblaciones de lobo más numerosas y con mejor estatus de conservación de todo el territorio nacional”, han apuntado.

En el final de la carta de los cuatro consejeros terminan haciendo una hacen reflexión conjunta en el sentido de que “la mejor forma de conservar y gestionar esta emblemática y simbólica especie es reduciendo el conflicto social y mediático que se genera a su alrededor, y es lo que pretendemos en esta carta”, y piden a la ministra Ribera una reunión para buscar soluciones “que tengan en cuenta la experiencia de gestión que tenemos las cuatro Comunidades, que hemos asumido desde hace tiempo la imprescindible compatibilidad entre la conservación del lobo y nuestro sector ganadero”.

En esta reunión pretenden exponer con más detalle argumentos “ya que estamos convencidos de que ello contribuiría a trasladar a la sociedad un mensaje de unidad de todas las Administraciones en torno a la gestión del lobo, sin importar el signo político -como se demuestra con esta carta-, lo que sin duda revertirá en el objetivo final que todos perseguimos, que no es otro que su conservación”.

Los firmantes de la carta a la ministra Ribera son el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Juan Guillermo Blanco, y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Jesús Calvo.