CyL | Junta de Castilla y León

Pide declaración de zona catastrófica a Sierra de la Culebra

La Junta de Castilla y León lleva a cabo con la Diputación de Zamora y los municipios afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra la evaluación de los daños y perjuicios ocasionados por este siniestro natural, a la vez que ya ha habilitado ayudas de financiación urgente para autónomos, pymes y empresas afectadas.

De acuerdo con esta voluntad institucional entre las diferentes administraciones públicas (autonómica, provincial, local y nacional) con las primeras iniciativas de emergencias señaladas antes y otras complementarias, y una vez recogidos los datos y consecuencias económicas, sociales y ambientales de los incendios de la Sierra de la Culebra, se solicitará la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para la veintena de municipios afectados por este siniestro -a falta de concretar-, ya que concurren las circunstancias que permiten calificarlos como catástrofe según el artículo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

El reconocimiento como zona catastrófica puede suponer, entre otras medidas, la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el ICO, medidas fiscales como la exención del IBI o la reducción del IAE, o incluso la compensación a la falta de ingresos en administraciones locales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La Junta de Castilla y León ya ha adoptado ayer unas primeras líneas de apoyo económico y ultima un Plan de Recuperación Económico-social con ayudas para la reconstrucción de infraestructuras públicas y privadas dañadas y la compensación de la pérdida de la actividad económica.

Una vez que la Junta de Castilla y León formalice con la documentación exigida esta petición al Gobierno de España de declaración de zona catastrófica, el Gobierno autonómico confía en que sea el Consejo de Ministros el que adopte el oportuno Acuerdo que haga posible poner en marcha cuanto antes las ayudas económicas, beneficios fiscales y medidas de otra naturaleza, que precisan las poblaciones afectadas por los incendios para recuperar cuanto antes la normalidad en su vida y en  el desarrollo de sus actividades económicas.