La Junta solicita al Gobierno declaración de zonas afectadas por emergencia de Protección Civil
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y Leónha acordado hoy solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias de Castilla y León afectadas por las borrascas que se han sucedido en la península entre los días 7 y 12 de febrero.
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Durante este periodo, la Comunidad se ha visto afectada por borrascas de alto impacto que han provocado descensos térmicos significativos, nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento.
Estos fenómenos meteorológicos adversos han ocasionado incidencias relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma sustancial la normalidad en las zonas afectadas.
Como consecuencia de esta situación, las autoridades autonómicas han mantenido activadas distintas situaciones operativas de los planes autonómicos de protección civil, en particular el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), con el fin de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños.
Las afecciones derivadas de la sucesión de borrascas determinan la concurrencia de una catástrofe en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, al tratarse de una situación que ha alterado de forma significativa el funcionamiento ordinario de la Comunidad, ocasionando daños e impactos materiales cuya atención puede superar los medios disponibles de la propia Administración autonómica.
En las zonas afectadas se han producido daños en viviendas y enseres; en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas y forestales; en pequeñas empresas; daños medioambientales; así como afecciones en infraestructuras municipales y redes viarias. Asimismo, las corporaciones locales han debido acometer actuaciones inaplazables para hacer frente a la emergencia, que requieren la correspondiente compensación económica.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la citada Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas, correspondiendo a la Junta de Castilla y León, en virtud del artículo 16 r) de la Ley 3/2001 del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la adopción de este acuerdo por su especial relevancia.
Mediante este acuerdo, la Junta solicita al Gobierno de España la adopción de las medidas previstas en el capítulo V de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que permitan la adecuada recuperación económica y social de las zonas afectadas y la compensación de los daños producidos por las borrascas registradas entre los días 7 y 12 de febrero de 2026.
Por otra parte el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado hoy declarar como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre.
La declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario. En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará la existencia de “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”, de acuerdo con la normativa europea.
De este modo, será posible implementar diversas acciones frente a los perjuicios y daños ocasionados por episodios de lluvias. Entre ellas, el establecimiento de excepciones al cumplimiento de los requisitos de la PAC.
La declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas; dificultadas para la realización de siembras, abonados y tratamientos; incremento del riesgo de compactación, o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.