La Junta exige participación de comunidades en nuevo Plan Estatal de Vivienda
La Junta de Castilla y León ha exigido transparencia y participación de las comunidades autónomas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado este jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana en la que ha puesto de manifiesto que el Ministerio ha obviado a las comunidades autónomas en la configuración del Plan Estatal de Vivienda, a pesar de que son las competentes en la materia, cofinancian el Plan y son quienes deben ejecutarlo.
La Junta de Castilla y León, junto con otras diez autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla, ha denunciado la unilateralidad con la que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029.
La Junta de Castilla y León, junto a las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Murcia, Islas Baleares, y las ciudades de Ceuta y Melilla, ha hecho pública una declaración conjunta en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.
En ella, estos gobiernos autonómicos denuncian la falta de lealtad institucional y la actitud unilateral del Ministerio de Vivienda en la elaboración del borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, que afecta directamente a las competencias y presupuestos autonómicos sin haber sido objeto de una negociación previa.
Las comunidades firmantes recuerdan que los Planes Estatales de Vivienda se configuraron históricamente desde el consenso y la cooperación, mientras que el actual borrador se ha dado a conocer apenas unos días antes de la Conferencia, sin un trabajo técnico conjunto ni cauces de participación reales.
Además, se reprocha al Ministerio que haya presentado públicamente el documento como definitivo, relegando a las autonomías a un papel de alegantes al final del proceso, pese a ser las responsables de ejecutar y cofinanciar las medidas de vivienda.
En este sentido, la Junta y el resto de gobiernos autonómicos reclaman al Ejecutivo central que respete el reparto competencial establecido en la Constitución, que escuche a quienes representan al 70 por ciento de la población y el territorio de España, y que abra un verdadero proceso de negociación que incluya sesiones técnicas y grupos de trabajo para alcanzar acuerdos eficaces y útiles en favor de los ciudadanos.
La Junta de Castilla y León ha subrayado que la vivienda es un derecho esencial y una prioridad en su acción de gobierno, y reitera su disposición a trabajar en una política de vivienda basada en la colaboración leal, la eficacia y la búsqueda de soluciones reales para las familias, los jóvenes y los colectivos más vulnerables, líneas de acción en las que ya trabaja la Junta de Castilla y León.